Avanza proyecto impulsado por el OIJ para combatir “secuestros virtuales”
La mañana de este lunes, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma afirmativa un proyecto de ley que permitiría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acceder a los registros de las operadoras telefónicas para combatir los denominados "secuestros virtuales".
Esta modalidad delictiva consiste en que los delincuentes simulan un secuestro, engañando a la víctima para que se traslade a un lugar determinado. Una vez allí, la intimidan asegurándole que está siendo vigilada y la amenazan con asesinarla si sus familiares no pagan un rescate.
El proyecto de ley propone reformar los artículos 49 y 67, así como adicionar los artículos 43 bis y 43 ter a la Ley General de Telecomunicaciones.
Con esta reforma, los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios estarían obligados a entregar a las autoridades judiciales información sobre datos de tráfico, registros de localización y geolocalización.
Además, el proyecto establece que los operadores deberán conservar estos datos por un plazo de tres años a partir de la fecha en que fueron generados.
Según los diputados proponentes, la iniciativa no solo contribuiría a combatir los "secuestros virtuales", sino también otros delitos.
"Poder disponer de los insumos que generan los operadores y prestatarios de servicios de telecomunicaciones permitirá responder de forma eficiente y oportuna a las necesidades de la investigación judicial en delitos de alta urgencia, como homicidios, secuestros, delitos sexuales y aquellos asociados a la ciberdelincuencia", señala el texto del proyecto.
Los legisladores han advertido que los procesos de investigación judicial no pueden depender de la voluntad de los operadores y proveedores para atender los requerimientos de información. También han señalado que, en ocasiones, las solicitudes dirigidas a estas empresas pueden tardar meses en ser atendidas.
"La inmediatez de la prueba es esencial para esclarecer los hechos investigados y proteger a la ciudadanía. Actualmente, hay requerimientos judiciales dirigidos a los operadores y proveedores de telecomunicaciones que tardan meses en ser atendidos. Se requiere una normativa que establezca la obligatoriedad de entrega y los plazos de respaldo de la información. Disponer con inmediatez de estos insumos es cada vez más esencial para combatir el crimen local y global", indica la propuesta de ley.
Secuestro virtual de familiar de diputado motivó el proyecto
La propuesta de ley fue presentada por el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas Rodríguez. El legislador impulsó la iniciativa luego de que, hace poco más de un año, un primo suyo fuera víctima de un secuestro virtual.
Según el diputado y el OIJ, los secuestros virtuales consisten en que los delincuentes simulan el secuestro de una persona mediante un engaño. La víctima es inducida a trasladarse a un lugar determinado, donde se le advierte que está siendo vigilada y se le amenaza con matarla si su familia no paga un rescate.
Todo se lleva a cabo mediante llamadas por WhatsApp, en las que los delincuentes obligan a la víctima a mantener activa una videollamada de forma permanente bajo amenazas. Posteriormente, contactan a los familiares para extorsionarlos.
Actualmente, solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene la capacidad de brindar esta información; el resto de las operadoras no cuentan con esa posibilidad.
El proyecto también contempla la creación de una comisión que se reuniría dos veces al año para evaluar y mejorar las herramientas de acción del OIJ. En esta comisión participarían la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y las operadoras telefónicas.