Avanza plan para que deudas de más de cuatro años en cobro judicial prescriban de oficio
La medida aplicaría a deudas de tipo comercial, como tarjetas de crédito, vehículos o electrodomésticos
.Imagen ilustrativa.|CRHOY.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa un proyecto de ley que busca establecer que, cuando se presente un cobro judicial de una deuda comercial —como aquellas derivadas de tarjetas de crédito, financiamiento de vehículos o compras de electrodomésticos— y esta haya alcanzado su plazo de prescripción de cuatro años, el juez pueda revisar el caso y, de oficio, excluir esos rubros del monto final del cobro.
La propuesta, tramitada bajo el expediente 24.517, fue presentada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás Alvarado.
Tras su dictamen en la comisión, la iniciativa pasará ahora a su discusión en el plenario legislativo.
Según el proyecto, "la prescripción se aplicará de oficio".
Para ello, la propuesta plantea una reforma al artículo 974 del Código de Comercio, el cual quedaría redactado de la siguiente manera:
"La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione aquel a quien le beneficia. La prescripción también podrá ser invocada por los acreedores o por cualquiera que tuviere interés en ello, si la parte no la hiciere valer, y aun cuando esta hubiere renunciado a ella".
El diputado Nicolás señaló que la intención es evitar que los acreedores cobren deudas ya prescritas.
"La Defensoría de Apoyo al Deudor reveló que siete de cada diez deudas analizadas por la entidad se encuentran prescritas. Esta conducta de los acreedores debe corregirse", afirmó.
Según datos citados en el proyecto de ley, el cobro judicial ha aumentado en un 50 % en los últimos cinco años, pasando de 536 846 casos activos en 2017 a 807 220 en 2023, es decir, 270 374 casos más.
"El cobro judicial se ha convertido en el principal culpable de la mora en la administración de justicia en Costa Rica. Según las cifras oficiales de abril de 2021, no solo representa seis de cada diez casos en mora judicial, sino que supera ampliamente los casos de pensiones alimentarias y procesos en materia penal", señala la iniciativa.
