Avanza plan para crear timbre para financiar gastos de OIJ

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto de ley 23.411, el cual pretende crear un timbre especial para financiar gastos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el proyecto de ley los recursos provenientes del timbre se utilizarían para la compra de infraestructura inmobiliaria, remodelaciones y construcción, así como la compra de activos y adquisición de servicios esenciales para la adecuada operación institucional.

También para la compra de equipo policial, mobiliario, licencias, software, equipo en insumos especializados para uso en Medicina Legal y Laboratorio de Ciencias Forenses.

Hasta un 25% de lo recaudado se destinaría para el aumento de plazas de personal cuando así lo requiera un estudio técnico.

Según la propuesta, el timbre tendrá carácter de requisito legal obligatorio para la presentación de demandas de cobro judicial que se presenten ante los juzgados. Toda persona, física o jurídica, que figure como actor en esos procesos deberá pagar el timbre correspondiente y adjuntar el comprobante a la hora de presentar la demanda ante el juzgado.

Los bancos del Estado serían los entes recaudadores autorizados para el cobro del timbre. Ellos venderán el timbre y el monto recaudado mensualmente lo dirigirán a la Caja Única del Estado para que desde el Ministerio de Hacienda se dirija al OIJ y al Poder Judicial.

El valor del timbre sería determinado por el valor de la cuantía del proceso de acuerdo con la siguiente escala:

• ¢10 mil en procesos con estimación hasta de un ¢1 millón.
• ¢15 mil en procesos con estimación de más de un ¢1 millón y que no excedan ¢5 millones.
• ¢20 mil en procesos con estimación de más de ¢5 millones y que no excedan ¢25 millones.
• ¢25 mil en procesos con estimación de más de ¢25 millones y que no excedan ¢50 millones.
• ¢30 mil en procesos con estimación de más de ¢50 millones a ¢100 millones. ¢35 mil en procesos con estimación de más de ¢100 millones a ¢500 millones. ¢75 mil en procesos con estimación de ¢500 millones en adelante.

La propuesta de ley es del oficialista Jorge Rojas.