Autoridades discrepan sobre proyecto para atacar sicariato
No coinciden acerca de la propuesta de crear un nuevo tipo penal y en las penas propuestas
El proyecto de ley que pretende atacar el sicariato en el país mantiene divididos a los 3 supremos poderes de la República.
El proyecto, presentado en noviembre del año anterior por congresistas de distintas fracciones, propone una pena de 20 a 35 años de cárcel para las personas que maten a otra por "precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero", así como para quien "reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a personas para el sicariato".
Los diputados, los jerarcas del Poder Judicial y el Gobierno de la República concuerdan que hay que tomar medidas para atacar estos delitos, sin embargo, discrepan en si es necesario crear un nuevo tipo penal y además en las sanciones a fijar para los integrantes de las bandas criminales que se dediquen al sicariato.
Por una parte, desde el Poder Ejecutivo se respalda la opinión expresada en días anteriores por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el sentido de que se debe revisar si es necesario "segregar o desmembrar" el artículo 112 del Código Penal, que regula el homicidio calificado y que se le otorgue una singularidad al sicariato, ya que este está regulado. Así lo manifestó este jueves el ministro de Justicia, Gerald Campos, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
En esta misma audiencia de este jueves también estuvo presente el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. El jerarca apeló a revisar las penas contempladas dentro del proyecto.
Tras una consulta del diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, el jefe del OIJ sugirió elevar la pena a los 50 años.
Las autoridades también discrepan acerca de la manera en que se debe penalizar a los menores de edad que sean reclutados por las bandas criminales para que cometan asesinatos. También, mostraron diferencias acerca de las penas para quienes recluten y contraten a personas para asesinar.
Al ver que no hay coincidencia en este tema ni en las penas, los diputados, el Gobierno y el Poder Judicial decidieron crear una mesa de trabajo para discutir el tema con más amplitud y otros sectores.