Aumentan penas por crímenes con armas prohibidas
Armas de grueso calibre que circulan por Costa Rica. Foto: MSP.
Los diputados aprobaron por unanimidad el expediente 24.095, que reforma los artículos 89, 90 y 91, de la Ley de Armas y Explosivos, para aumentar las penas por crímenes cometidos con armas prohibidas
La reforma impone una pena privativa de libertad de cuatro a 10 años, a quien posea, adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice armas prohibidas, sus partes y componentes.
El proyecto define "armas prohibidas" las que, en el momento de su fabricación, tengan las características descritas en el artículo 25 de esta Ley de Armas y Explosivos, aunque las pierda al ser suprimido alguno de sus componentes o le modifiquen mecánicamente su
funcionamiento.
Se aplicará una pena de cárcel de 10 a 20 años, cuando se realicen las mismas actividades en el párrafo anterior:
- Armas de destrucción masiva, sus partes o componentes.
- Armas prohibidas por los convenios del derecho internacional, sus partes o componentes.
- Municiones prohibidas por los convenios del derecho internacional, sus partes o componentes.
- En el marco de la delincuencia organizada.
La reforma también responsabiliza a los representantes, apoderados y gerentes, cuyo personal realice cualesquiera de las acciones tipificadas en este artículo.
Acopio de armas prohibidas
Se impondrá prisión de tres a seis años de prisión a quien acopie armas clasificadas como prohibidas.
"Se entenderá como acopio la posesión de más un arma de fuego prohibida en adelante", dice el texto aprobado.
La pena se podrá incrementar hasta en un tercio cuando el hecho ilícito sea cometido en el marco de la delincuencia organizada.
Tráfico de materiales prohibidos
Se impondrá de tres a siete años de prisión a quien introduzca en el país, armas, municiones, explosivos y materiales clasificados como prohibidos o trafique con ellos.
La pena se podrá incrementar hasta en un medio cuando el hecho ilícito sea cometido por el crimen organizado.
Delitos contra la seguridad común
Los diputados también aprobaron en primer debate el expediente 23.435, una reforma del Código Penal, para brindar claridad en los tipos penales denominados como "Delitos Contra la Seguridad Común".
El proyecto establece que se le aplicarán las penas establecidas en este título a quien cree un peligro común para las personas o los bienes, mediante la emisión, propagación o el impacto de sustancias o productos químicos tóxicos o peligrosos, agentes o toxinas de carácter biológico o sustancias similares o radiaciones de material radiactivo.
Las penas van de 10 a 20 años de prisión, si el hecho cause la muerte o lesiones gravísimas a alguna o algunas personas, o si efectivamente se produjere la destrucción de los bienes.
Se aprobó también la reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología, para permitir que se incorporen al colegio las personas profesionales en ciencias criminológicas, criminalística, ciencias policiales, investigación criminal, administración policial y prevención del delito, además de darle la facultad de poder incorporar a otros profesionales de ciencias atinentes al fenómeno criminal.