Auditoría revela falencias en liquidaciones laborales de exfuncionarios del AyA

El más reciente informe de Auditoría Interna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reveló una serie de vacíos en relación con la verificación de la razonabilidad de las liquidaciones de beneficio laborales de los exfuncionarios de esa entidad pública entre los años 2021 y 2022.

El informe buscaba evaluar que dichos beneficios se apegaran a la legalidad, sin embargo, según el informe se presentaron una serie de limitaciones que imposibilitaron contar con la información suficiente y pertinente para efectuar dicha revisión. A raíz de ello, las autoridades tomaron  la decisión de emitir un informe de control interno para exponer las debilidades que debe subsanar.

Según se detalla, ni en los expedientes de personal digitalizados que fueron revisados, ni en la documentación remitida por la Dirección de Gestión de Capital Humano (DGCH) en atención de los requerimientos de la Auditoría Interna  constan los documentos pertinentes para evaluar la razonabilidad de la liquidación beneficios laborales.

Por ejemplo, no se encontraron los Formularios de Liquidación de Beneficio Laboral con las respectivas firmas de elaborado, revisado y aprobado, ni el documento que permita dar trazabilidad a los pagos realizados a los exfuncionarios, existiendo una dispersión de documentos en varias etapas del proceso y entre unidades, los cuales según la Auditoría deberían centralizarse en el expediente de personal.

"Es necesario que la administración activa adopte con la celeridad debida, acciones concretas para garantizar que los expedientes de personal contienen toda la información relevante que soporta las liquidaciones de beneficios laborales, mejorar la supervisión ejercida y robustecer las actividades de control existentes, lo anterior, para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar razonablemente el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable", dice el documento.

Otro aspecto cuestionado tiene que ver con el tema del preaviso. El informe señala que en julio anterior la Gerencia General emitió una directriz  en la cual se ordena a las jefaturas verificar que en las renuncias que reciben de los funcionarios a su cargo se indique el tiempo de preaviso. No obstante, a nivel institucional no se cuenta con un procedimiento que permita ejercer razonablemente un control sobre el cumplimiento del tiempo de preaviso conforme a la duración de cada relación laboral o en su defecto de ejercer la acción de cobro en sede judicial por incumplimiento, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 32 del Código de Trabajo.

Recomendaciones para acatar 

El informe de la Auditoría del AyA viene acompañado de una serie de recomendaciones, entre ellas destacan:

• Actualizar y robustecer las actividades de control de modo que permitan guiar de manera precisa a los funcionarios, para que sean replicadas conforme al bloque de legalidad.
• Adoptar mejores prácticas de supervisión para garantizar que los expedientes de personal están completos y se incorpora la documentación pertinente (oficializada con las firmas de rigor) para soportar los cálculos realizados, así como el documento de referencia que permita dar trazabilidad al pago realizado.
• Ocuparse de dar seguimiento y aprovechar las herramientas tecnológicas adquiridas para automatizar el proceso de liquidaciones laborales de manera que se mejore en la eficiencia y la precisión de la gestión de los registros y el procesamiento de liquidaciones.
• Desarrollar un plan que permita mantener la continuidad operativa en caso de la ausencia de personal clave y promover la transferencia de conocimiento.
• Mejorar la comunicación interna y externa sobre los procesos y políticas de recursos humanos, la colaboración y responsabilidades entre las diferentes áreas de la DGCP y su interacción con otras dependencias del AyA.

En el siguiente documento puede ver el documento completo de la Auditoría del AYA. Informe AyA

La auditoría señaló que corregir estos vacíos es importante, en razón de que "se cancelan montos importantes de dinero que se determinan por la aplicación de fórmulas derivadas del
bloque de legalidad.

"Es necesario contar con un sistema de control interno aplicable, completo, razonable, integrado y congruente, que permita garantizar razonablemente que ambas partes (patrono y colaborador) cumplen con sus obligaciones y se respetan sus derechos, velando por la correcta disposición de los recursos públicos.