Hallan irregularidades en el Congreso: 56 pasaron de puestos de confianza a plazas administrativas
56 funcionarios en puestos de confianza obtuvieron plazas administrativas interinas en la Asamblea Legislativa, tras múltiples incumplimientos en los procesos de nombramiento y movimientos de personal durante el actual período constitucional.
Se trata de asesores políticos y especializados de diputados en fracciones legislativas, entre 2023 y 2025.
Así lo reveló una Auditoría Interna sobre Nombramientos del Congreso, publicada el 16 de abril, a la cual CR Hoy tuvo acceso, y que denuncia que los casos se dieron en las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD).
La Auditoría señala que los nombramientos no siguieron procedimientos competitivos ni criterios técnicos claros, lo que debilitó el régimen de carrera administrativa y favoreció decisiones discrecionales.
De ad honorem a funcionarios
Además, el informe identifica 38 casos adicionales de funcionarios que ingresaron a puestos administrativos sin haber tenido previamente una relación laboral formal con el Congreso, aunque sí mantenían vínculos "ad honorem" con bancadas legislativas o el directorio.
En estos casos, según el informe, tampoco se realizaron concursos ni se comprobó formalmente la idoneidad de los nombrados.
Para la Auditoría, esto evidencia que los procesos de contratación no garantizaron que las personas elegidas fueran las más calificadas, sino que se basaron en criterios poco transparentes.
Otro de los hallazgos apunta a la falta de justificación en las decisiones. Según el análisis de actas, los nombramientos se sustentaron únicamente en referencias generales al "Registro de postulantes", sin establecer un orden claro basado en méritos o evaluación objetiva.
Auditoría señala casos concretos
El informe también expone ejemplos específicos que reflejan estas prácticas. Uno de ellos corresponde al de un funcionario que, siendo subjefe de seguridad, se le designó como gerente del Departamento de Seguridad y Vigilancia, también sin un proceso competitivo.
Otro caso señalado es el de una funcionaria que pasó de ser asesora en la Oficina de la Presidencia del Directorio Legislativo a ocupar un cargo gerencial en el Instituto de Formación e Investigación del Congreso, sin concurso de por medio.
Además, se le permitió mantener simultáneamente funciones de asesoría política y gerenciales, lo cual contraviene las normas que exigen dedicación exclusiva para ciertos cargos.
Riesgos legales y administrativos
La Auditoría advierte que este tipo de decisiones pueden considerarse actos arbitrarios, al no sustentarse en evaluaciones técnicas ni procesos abiertos. En su criterio, esto podría constituir una desviación de poder, al sustituir criterios objetivos por decisiones subjetivas.
Asimismo, enfatiza que la facultad de nombrar personal en el sector público no es absoluta, sino que debe ejercerse bajo estrictos parámetros legales y garantizando el debido proceso.
Recomendaciones al Congreso
El informe recomienda suspender de inmediato los procesos de nombramiento en curso y establecer un nuevo procedimiento que asegure transparencia, evaluación técnica y participación abierta en los concursos.
CR Hoy consultó al directorio legislativo sobre la auditoría, instancia que remitió a la Gerencia General del Congreso, por lo que se realizaron las consultas sobre las conclusiones del informe a la gerente Karla Granados, pero se está a la espera de una respuesta.