Audiencia para definir si ‘Cementazo’ va a juicio durará al menos 5 meses
Se programó para llevarse a cabo de forma virtual
La audiencia preliminar del ‘Cementazo' -etapa en la que se define si el caso se eleva a juicio o no- se extenderá al menos por unos 5 meses. El proceso inició la mañana de este lunes y está programado para alargarse hasta finales de noviembre: toda la audiencia se realiza de forma virtual.
Siete años después de que se diera a conocer el escándalo en torno a los créditos bancarios para el negocio con el cemento chino, finalmente el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José escucha las razones de la Fiscalía para intentar la ejecución de un juicio oral y público, así como los alegatos de los defensores de los imputados.
Carlo Díaz, fiscal general, manifestó que en estos casos mediáticos de presunta corrupción, como ‘Aldesa', ‘Cochinilla' o ‘Cementazo', esperan conseguir una sentencia, cuando formalizan una acusación tras años de investigación.
Son investigaciones bastante sólidas, que duraron varios años y consideramos que existe la prueba suficiente y contundente para obtener un resultado positivo, en este caso una eventual condenatoria. Cuando hacemos una acusación, nosotros esperamos una condenatoria.
La investigación ya culminó, son 9 acusados bajo en el expediente 16-000013-0033-TP y se trata de un asunto de tramitación compleja.
El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem; además están imputados Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del Banco de Costa Rica (BCR), Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR; Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de Sinocem.
También figuran como imputados en la causa Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.
Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló los posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.
Cemento chino
Fue a mediados del 2017 cuando todo surgió a la luz pública: eventuales irregularidades en las que el BCR le aprobó un crédito por $31,5 millones al empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, presuntamente usando influencias en las altas esferas de la entidad financiera.
Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.
Se reveló además que Casa Presidencial fue epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno. La investigación legislativa del "cemento chino" concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor de Bolaños se pueden resumir en cuatro ámbitos:
- Nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado.
- Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial, sus requerimientos y sus resultados.
- Acciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones.
- Agilización de trámites de publicaciones en el diario oficial La Gaceta.
Además, el escándalo salpicó a varios ministros y viceministros del entonces presidente Luis Guillermo Solís, que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños.
También a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La Fiscalía apunta a que para importar cemento proveniente de china, incurrió en unos 28 delitos separados: 11 son por peculado, 8 receptaciones, legalización o encubrimiento de bienes, 3 por documento falso, 3 por influencia sobre la Hacienda Pública y 3 por captación indebida de manifestaciones verbales en condición agravada.
Víquez Lizano es acusado de 16 presuntos delitos, mientras que a Acuña Alvarado, Corrales Barboza, Mora Tuminelli, son imputados en seis supuestos delitos a cada uno. Barrantes Campos y Ramírez Rodríguez, los individualizaron con cuatro delitos cada uno.
Mientras que en apariencia, la expresidenta del BCR es señalada como responsable de posibles influencias sobre la Hacienda Pública y captación indebida de manifestaciones verbales, mientras que al resto de los imputados se les vinculó a posibles peculados, tráficos de influencias y falsedades ideológicas.
La hipótesis se dirige a que los recursos facilitados por la institución bancaria estatal se habrían usado para otros fines diferentes a la compra de cemento, para lo que originalmente se solicitaron.