Asociación de jueces pide medidas concretas para reducir la mora judicial
Los voceros de Acojud en la sesión de Corte Plena.
La mora judicial fue uno de los principales temas que la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) abordó durante su participación en la sesión de la Corte Plena.
La agrupación afirmó que el Poder Judicial necesita medidas concretas para reducir la cantidad de casos pendientes. Advirtió que los atrasos no solo afectan a la institución, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía y dejan desprotegidas a las poblaciones vulnerables.
Acojud propuso aprobar un plan para reducir la mora judicial que no se limite a medir promedios numéricos generales ni a establecer cuotas fijas de resoluciones. La iniciativa también debería valorar la complejidad de los expedientes, la calidad de los fallos, la tutela judicial efectiva y la satisfacción de los usuarios.
La asociación considera fundamental identificar con precisión las oficinas con mayores atrasos, la antigüedad real de los expedientes, la sobrecarga laboral y administrativa, las plazas vacantes, los interinatos y las carencias tecnológicas.
Una de las voceras citó el Informe Estado de la Justicia 2025, el cual registra procesos relacionados con violencia contra las mujeres que tardaron hasta 4.000 días —casi 11 años— en resolverse. La representante calificó ese plazo como inaceptable.
Acojud también considera que descentralizar la gobernanza y la gestión jurisdiccional permitiría evitar la duplicidad de funciones que entorpece la tramitación de los procesos.
Complejidad de las pruebas causa atrasos
Los magistrados Roxana Chacón y Rafael Segura explicaron que una parte considerable de las demoras de entre nueve y 10 años en materia penal corresponde a causas en las que el Ministerio Público tarda en realizar valoraciones o existen pruebas complejas.
Durante la sesión también se planteó la necesidad de crear una jurisdicción especializada en violencia de género para descongestionar las agendas penales ordinarias y agilizar la resolución de estos delitos.
Aunque la jurisdicción penal aumentó un 31 % su producción de sentencias durante la última década y superó las 17.500 resoluciones el año anterior, la cantidad de litigios crece a un ritmo superior a la capacidad instalada y al presupuesto disponible.
Los magistrados también advirtieron que la ruptura del convenio con el Poder Ejecutivo para realizar audiencias virtuales en el sistema penitenciario generó retrocesos operativos. Esta situación obliga a trasladar físicamente a las personas privadas de libertad y ralentiza la tramitación en materia de ejecución de la pena.
Desestiman el 80 % de los casos de violencia contra las mujeres
Cerca del 80 % de los casos de violencia contra las mujeres termina desestimado durante las etapas iniciales del proceso penal, según lo expuesto en la sesión.
Los magistrados detallaron que la Fiscalía solicita desestimar la mayoría de estos expedientes porque considera que los hechos no constituyen un delito o porque no cuenta con suficientes elementos probatorios para avanzar en el proceso penal.
A diferencia de otros procesos penales, la mayoría de las víctimas de violencia de género no tiene un abogado que las represente y acompañe para sostener o reactivar las causas cuando la Fiscalía solicita la desestimación.
Los delitos relacionados con violencia de género también comparten las agendas judiciales con robos, homicidios, narcotráfico y otras causas. Esta situación provoca que algunos expedientes queden paralizados o sufran retrasos durante años.
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