Así funcionará la póliza estatal para policías denunciados
Operativo policial en celebración de Consejo de Gobierno en Plaza Mayor. 14 de setiembre 2026.
Los policías contarán con una póliza pagada por el Estado cuando enfrenten denuncias o demandas por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo es que no tengan que asumir con su propio dinero los gastos de defensa legal ni eventuales indemnizaciones.
La iniciativa se aprobó en primer debate por unanimidad en la Asamblea Legislativa el pasado 13 de octubre. La reforma a la Ley General de Policía todavía requiere una segunda votación para convertirse en ley.
El proyecto establece las condiciones en las que aplicaría la póliza y las situaciones que quedarían excluidas de la cobertura.
¿Qué cubriría la póliza?
La propuesta establece dos tipos de cobertura para los funcionarios policiales que sean denunciados, imputados o demandados por actuaciones relacionadas directamente con sus labores:
- Gastos de defensa legal: cubriría hasta ₡11,5 millones para la representación de los oficiales en los procesos correspondientes.
- Responsabilidad patrimonial: contemplaría hasta ₡23,11 millones para responder por determinadas indemnizaciones derivadas de esos procedimientos.
La cobertura aplicaría en las vías contencioso-administrativa, civil o penal, siempre que el caso se relacione con el ejercicio directo de las funciones policiales. Además, se limitaría a acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente a una persona o sus bienes.
Además, los funcionarios policiales podrán renunciar a la cobertura de la póliza y solicitar, si así lo desean, la representación legal de la Procuraduría General de la República.
¿En qué casos no aplicaría?
La iniciativa establece exclusiones para evitar que la póliza cubra determinadas conductas irregulares.
Entre ellas figuran los casos en que el oficial haya actuado bajo los efectos del alcohol o de drogas ilícitas, se haya apartado de las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales y su conducta sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico.
También quedarían excluidos los actos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
¿La póliza eximiría de responsabilidad a los policías?
Según la exposición de motivos, la finalidad de la iniciativa es cubrir los gastos de defensa y determinadas responsabilidades patrimoniales dentro de los límites previstos, no otorgar inmunidad a los funcionarios.
La existencia de la póliza tampoco significa que una denuncia o demanda quede automáticamente desestimada. Los procesos judiciales continuarían su curso y las autoridades competentes tendrían que determinar si hubo responsabilidad.
¿Quién pagaría el seguro?
La iniciativa establece que la póliza sería contratada por el Estado. Sin embargo, el texto actualizado del proyecto no establece una partida presupuestaria de donde se tomarían los recursos.
Esto lo advirtió un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, así como la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor señaló que los policías ya cuentan con mecanismos de representación jurídica. Además, advirtió que el proyecto carece de estudios de sostenibilidad financiera y enfatizó que las pólizas financiadas con fondos públicos deben proteger los intereses patrimoniales del Estado, sin trasladarle las responsabilidades individuales de los funcionarios.
Ahora, el texto se votará en segundo debate este jueves 15 de octubre.