Asesora pidió medidas cautelares contra diputado denunciado por acoso sexual y laboral
Fernando Obaldía, diputado del PPSO.
Una de las asesoras que denunció diputado Fernando Obaldía Álvarez por presunto acoso laboral solicitó a la Asamblea Legislativa medidas cautelares urgentes, entre ellas su salida inmediata del despacho del legislador y una orden que le impida al congresista tener cualquier contacto o interferencia en sus labores.
Obaldía, legislador del partido de gobierno (Pueblo Soberano), también fue denunciado este lunes ante el Ministerio Público por acoso sexual.
La denunciante pidió las mismas medidas contra la asesora Diana Fernández Monge, señalada junto con Obaldía en la denuncia por presunto acoso laboral.
La funcionaria solicitó que la Asamblea admita el caso y ordene la apertura de un procedimiento administrativo ordinario de investigación contra ambos.
Además, pidió su reubicación laboral inmediata fuera del despacho del diputado para proteger su salud e integridad. De ser posible, planteó que el traslado se realice a un departamento administrativo o a una dependencia ajena a la misma fracción legislativa, para proteger su salud e integridad.
El caso fue dado a conocer en exclusiva este lunes por CR Hoy, luego de confirmar que dos asesoras lo denunciaron por acoso sexual y laboral. La víctima del caso sexual acudió a la Fiscalía General en primera instancia y posteriormente las dos interpusieron la denuncia en la Dirección Ejecutiva del Congreso.
Otra de las principales medidas que solicitó consiste en una orden de alejamiento y abstención contra Obaldía y Fernández.
La denunciante busca que ambos se abstengan de realizar "cualquier acto de comunicación, perturbación, intromisión o interferencia directa o indirecta en mis labores o entorno personal".
También pidió un apercibimiento formal para impedir cualquier represalia relacionada con la denuncia que pueda afectar su nombramiento, salario, funciones, horario, permisos, vacaciones, herramientas de trabajo, accesos o referencias laborales.
La solicitud contempla, además, protección para los testigos ante posibles actos de intimidación, presión, amenaza o interferencia.
Solicitó preservar videos y registros
La denunciante también le pidió a la Asamblea ordenar de inmediato la preservación de prueba institucional que pueda eliminarse.
Entre los elementos que mencionó figuran grabaciones de cámaras, registros de acceso, solicitudes de revisión de cámaras, comunicaciones y otra documentación relacionada con los hechos.
La petición hace referencia específicamente al oficio que Obaldía hizo el pasado 24 a Allan Salazar Cascante, jefe del Departamento de Seguridad de la Asamblea, sobre rastreo de cámaras, para monitorear los movimientos que hicieron dentro del edificio del congreso las dos denunciantes.
Además, pidió que se requieran informes a Seguridad y a Recursos Humanos, que se convoque a los testigos identificados y que se llame a declarar a Fernández, mientras aporta más prueba testimonial y material.
La solicitud expone 11 medidas cautelares expresas, entre impedir actos de seguimiento, vigilancia o recopilación de información sobre sus movimientos relacionados con el procedimiento que no respondan a una finalidad institucional legítima.
También pidió confidencialidad sobre su información personal y médica, con acceso restringido a los documentos sobre incapacidades o su estado de salud; que una persona o instancia ajena al despacho del diputado atienda los asuntos administrativos o laborales que requieran coordinación durante la investigación; y que se eviten reiteraciones innecesarias de su declaración y confrontaciones personales que puedan prevenirse, sin afectar el derecho de defensa de las personas denunciadas.
Perscución el último mes
Según el documento, los hechos relacionados con la denuncia por presunto acoso laboral ocurrieron principalmente entre el 5 de agosto y el 5 de septiembre de 2026.
La denunciante sostiene que las actuaciones que atribuye a Obaldía y Fernández podrían constituir presunto acoso laboral, persecución, descalificación profesional, control desmedido y persecutorio, exclusión del entorno laboral, violación del derecho a la intimidad e interferencia en el desempeño de sus funciones. Asegura, además, que las situaciones denunciadas le provocaron una afectación en su salud emocional y física.
La funcionaria pidió que, una vez cumplidas las etapas del debido proceso, la Asamblea declare con lugar la denuncia y establezca las responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan.