Arias pide a Chaves priorizar plan que quita ciudadanía a naturalizados vinculados al narco
Proyecto fue retraído a primer debate tras advertencias de posibles roces constitucionales
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, le solicitó al Poder Ejecutivo la convocatoria al actual período de Sesiones Extraordinarias en el Congreso el proyecto de ley que pretende eliminar la ciudadanía a extranjeros naturalizados que tengan condenas en firme por tráfico de drogas y lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el exterior.
Este proyecto, presentado por Arias y el también liberacionista Danny Vargas Serrano, fue aprobado en primer debate el pasado 13 de marzo con el apoyo de 43 diputados. Sin embargo, días después los legisladores decidieron devolver el plan a su trámite de primer debate tras varias advertencias de que el texto aprobado podría tener roces con la Constitución Política.
Arias está solicitando al Ejecutivo que convoque el expediente en las Sesiones Extraordinarias para que los diputados puedan corregir los eventuales roces constitucionales y avanzar con su aprobación definitiva.
Hay que recordar que en el período de Sesiones Extraordinarias es la Casa Presidencial la que define la agenda que discuten los congresistas. Este período vence el 31 de julio.
Este expediente es parte de los proyectos prioritarios que consensuaron los jerarcas de los 3 supremos poderes de la República.
El jerarca del Congreso dijo que este proyecto es importante para "cerrar portillos" para que personas extranjeros vinculados al crimen organizado y el narcotráfico puedan optar por la ciudadanía costarricense.
El proyecto
La iniciativa de Arias y el diputado Vargas se tramita bajo el expediente 23.800. Busca permitir al Registro Civil anular la nacionalidad por naturalización de aquellas personas condenadas, con sentencia en firme, por delitos ligados a la narco actividad, esto ya sea en Costa Rica o en el extranjero.
La iniciativa busca una reforma a los artículos 15 y 18 de la Ley de Adopciones y Naturalizaciones.
En su etapa de discusión en la Comisión de Jurídicos los diputados aprobaron un texto sustitutivo para, además de anular la nacionalidad a los condenados por narco, impedir que mediante una medida cautelar de un juzgado se suspenda la cancelación de la ciudadanía.
En la propuesta se fijaron excepciones a la denegatoria de la naturalización. Se mencionan los casos de personas refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando las autoridades tuvieran conocimiento de que "la causa de persecución en su país de origen radica precisamente en esa condena".
La excepcionalidad no aplica para las personas refugiadas, apátridas o asiladas que cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria de la respectiva condición especial.
Algunas fracciones como la del Frente Amplio (FA) aseguran que de haberse aprobado el proyecto en su última versión se verían afectados derechos fundamentales de algunas personas.
"Nos preocupa que se lleve a la tendencia de justificar o de tratar de satanizar a población que viene de fuera de nuestras fronteras, que en algunos casos excepcionalmente vienen a delinquir, pero que mayoritariamente vienen a producir riqueza y que se suman a nuestra población a enriquecerla de muchas maneras, comentó la frenteamplisra Rocío Alfaro Molina.
La diputada dijo que el proyecto obvia que la Constitución Política en su artículo 16 señala que la nacionalidad costarricense no puede removerse.
Oposición cuestionó débil agenda en seguridad
La semana anterior diputados de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) reprocharon al Poder Ejecutivo por lo que consideran es "una débil agenda" en materia de seguridad en el inicio de las Sesiones Extraordinarias.
Gilbert Jiménez y Gilberto Campos, diputados del PLN y PLN cuestionaron que del grupo de proyectos que fueron consensuados por los jerarcas de los supremos poderes de la República para combatir la inseguridad, el Poder Ejecutivo solo convocó 3 de estas iniciativas en las Extraordinarias.
El Poder Ejecutivo convocó para su discusión solamente los expedientes 23.690, 23.834 y 23.986. Estas iniciativas buscan reformar el procedimiento para la intervención de las comunicaciones, impulsar cambios en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y para cambiar la manera en que se dicta la medida de prisión preventiva, respectivamente.
Sin embargo, en la agenda de las Extraordinarias quedaron por fuera estas otras 4 iniciativas:
- Expediente 24.095: Ley para el Fortalecimiento del Marco Sancionatorio de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego
- Expediente 24.096 Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico.
- Ley para Agravar la Penalidad del Autor, Instigador y Cómplice que Participen Personas Menores de Edad en la Comisión de Hechos Delictivos, que se presentó bajo el expediente 24.194
- Reforma a los artículos 9, 58, 59, 106 Y 109 y Adición de un artículo 79 Bis de la Ley N. 7.576 de Justicia Penal Juvenil, que se presentó bajo el expediente 24.175.