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Arias cuestiona intento del Ejecutivo de llevar a referéndum 3 proyectos de ley

Por Carlos Mora | 16 de May. 2024 | 5:36 am

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, cuestionó el plan del Poder Ejecutivo de someter a un referéndum 3 de los 7 proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Arias Sánchez duda que el mecanismo de consulta popular sea el más idóneo para que en el país se tome una decisión acerca de los proyectos para la apertura del mercado de la generación y comercialización de la energía eléctrica,  para la creación de las jornadas extraordinarias -más conocido como jornadas 4/3- y para la venta del Banco de Costa Rica  (BCR).

El jerarca del Congreso dijo que en lo personal él "cree mucho" en la figura del referéndum como un instrumento para fortalecer la democracia en el país y como un mecanismo válido "para oír la opinión de los costarricenses". Sin embargo, mencionó que las 7 iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo deben revisarse para determinar la viabilidad.

A su parecer, Arias mencionó que el proyecto para la apertura del mercado eléctrico, llamado Ley para la Armonización de Mercado Eléctrico, "es un tema muy complejo" .

Sobre someter a consulta ciudadana el plan de jornadas 4/3 Arias lo consideró "innecesario", porque este plan ya fue aprobado por el Congreso y posteriormente fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional, más conocida como Sal IV.

Respecto al plan de la venta del BCR, Arias dijo que consideraba también innecesario llevarlo a la consulta popular porque ya el tercer expediente presentado por el Ejecutivo está en sede legislativa.

"Esta Asamblea puede aprobar o improbar estos proyectos que el Gobierno está pensando en consultar. No le veo razón, al menos que sea un tema específico", mencionó Arias.

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El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional ya fue dictaminado por la Comisión de Energía del Congreso y forma parte de los expedientes convocados por el Poder Ejecutivo en las Sesiones Extraordinarias. Es decir, el plan está listo para iniciar su trámite en el plenario y someterse a votación.

El expediente el 23.414 y busca normar y regular los productos y servicios eléctricos que provienen de las actividades de generación, comercialización, transmisión y distribución nacional e internacional.

Sobre el proyecto hay criterios encontrados. Diputados de algunas fracciones y sectores productivos hablan de que el plan aumentaría los costos de los servicios de electricidad.

Además, en un criterio la Procuraduría General de la República cuestionó el planteamiento del texto porque propone la creación de una entidad pública nueva que duplicaría las funciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Por otra parte, también hay diputados y sectores empresariales que ven en la medida una posibilidad de atraer inversión y de satisfacer la demanda nacional de electricidad. 

El proyecto de ley de jornadas 4/3 no tiene un expediente legislativo definitivo, lo que hay es un borrador. Entre las modificaciones para el plan de creación de jornadas laborales extraordinarias están la reducción de los sectores en donde se aplicaría la modalidad y sobre la remuneración extraordinaria que recibirían quienes se contraten o trasladen a ese nuevo modelo de trabajo.

También, se plantea prohibir esta modalidad de trabajo en labores pesadas, peligrosas o insalubres, así como en actividades con tiempos de exposición y riesgos ambientales elevados, entre otros.

Por último, el tercer proyecto de venta del BCR indica que será el Consejo de Gobierno el órgano máximo de toma de decisiones finales en todas las etapas decisorias de los procedimientos de venta del banco.

Se indica que el comprador deberá adquirir el conjunto de sus activos, activos intangibles como las patentes, marcas, incluyendo la marca comercial, derechos de autor y metodologías de negocio, bienes, pasivos, contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras y, en general, todos sus derechos y obligaciones, todas las situaciones jurídicas subjetivas existentes.

El plan es rechazado por la oposición en su conjunto y por los gremios sindicales.

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