Arbitraje de EBI por basurero en Alajuela está fuera de plazo, dice alcalde
El arbitraje iniciado en 2025 por la empresa canadiense propietaria de EBI por la revocatoria de uso de suelo de un basurero en Alajuela está fuera del plazo legal que establece el acuerdo de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
Bajo ese tratado, las empresas tienen hasta tres años para presentar un reclamo luego de conocer una decisión que puede afectarle. La Municipalidad de Alajuela anuló el uso de suelo en 2016, por lo que el plazo se cumplió en 2019. EBI no presentó ninguna solicitud en ese periodo, según el alcalde Roberto Thompson.
Thompson explicó que el uso de suelo, otorgado a la empresa en 2011, se derogó luego de conocerse posibles violaciones al plan regulador del cantón que comprometían al gobierno local. Por este tema existe un proceso de lesividad abierto que sigue pendiente de resolver en tribunales.
Pide a Gobierno explicar
Thompson aseguró que en la reciente sesión del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y otros representantes del Gobierno en Turrúcares se dijo a la comunidad que el país perdería este arbitraje y pagaría $150 millones a la empresa.
Sin embargo, el alcalde indicó que el Gobierno omitió decirle a la comunidad sobre el incumplimiento del plazo, lo que invalidaría el reclamo de la empresa. La Municipalidad pide al Ejecutivo explicar el panorama completo.
Para Thompson, el exceso del plazo de tres años debe ser el principal argumento de defensa del país en este proceso que se encuentra abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La defensa de Costa Rica correrá por cuenta del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
El tribunal que verá este asunto se completó el 30 de octubre y está formado por tres miembros. El Gobierno nombró a Eduardo Silva, un árbitro colombo-francés, como su designado. Lo completan un español nombrado en consenso por ambas partes y otro árbitro también español escogido por la compañía canadiense.
Segundo caso
El reclamo de EBI incluye un segundo basurero en el cantón de Montes de Oro, con condiciones diferentes al de Alajuela.
El alcalde Anthony Fallas explicó que su administración revocó en 2024 un permiso de construcción otorgado a la empresa dos semanas antes de asumir el cargo.
Luego de un proceso en tribunales, una primera resolución del Tribunal Contencioso le dio la razón a la empresa y obligó a la Municipalidad a ratificar el permiso, pero el gobierno local decidió no acatarla. Posteriormente, una orden judicial reiteró ese pedido. Fallas reconoció que a Municipalidad debía cumplir con esa orden y la empresa ya está construyendo.
El alcalde comentó que se revocó el permiso por supuestas irregularidades en la viabilidad ambiental, el alineamiento vial y planos desactualizados.
En este caso, el reclamo de EBI sí cumple el plazo de tres años. Está pendiente una reunión entre Comex y las dos municipalidades para preparar la defensa del país.
Se consultó a EBI y a Comex por este tema, pero se está a la espera de respuesta.
