El Ministerio de Hacienda pretende obligar a 14 empresas públicas a que aporten hasta un 30% de sus ganancias para pagar la deuda pública durante 4 años. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -El proyecto de ley del Gobierno que obligaría a 14 empresas públicas a aportar hasta un 30% de sus utilidades para pagar la deuda pública por cuatro años despierta las primera dudas en el Congreso.

Las inquietudes las expresaron las legisladoras Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Xiomara Rodríguez, jefa de la fracción parlamentaria del Partido Restauración Nacional (PRN), tras conocer las respuestas de la mayoría de entidades que se verían afectadas con la propuesta del Poder Ejecutivo.

Las instituciones manifestaron, en notas enviadas a Rodríguez, quien formuló las preguntas, que no fueron consultadas por el Gobierno antes de negociar el planteamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de $1.750 millones.

También expresaron reservas sobre las posibilidades financieras de cumplir con el aporte que pretende el Ejecutivo.

Rodríguez advirtió de serios cuestionamientos a la iniciativa que forma parte del ajuste fiscal negociado por el Gobierno con el FMI y que se tramita bajo el expediente 22.384.

"Nos preocupan los serios cuestionamientos que ya empiezan a surgir: este proyecto no fue consultado antes de negociar con el FMI, podría traer implicaciones para los clientes y, al final, los ingresos serían menores de los proyectados", manifestó.

Hernández sostuvo que todavía no tiene una postura completamente definida sobre el proyecto, pero reconoció: "me genera dudas en muchos sentidos".

Reservas

El Banco de Costa Rica sostuvo que la propuesta provocaría un detrimento en su patrimonio. (Archivo/CRH).

Este es un resumen de las dudas expresadas por jerarcas de algunas entidades que le respondieron a la diputada Rodríguez.

• Banco de Costa Rica (BCR): su gerente general, Douglas Soto, indicó que se enteró de la iniciativa por los medios de comunicación. Explicó que el aporte solicitado por el Gobierno representaría unos ¢7.683 millones y que "la eventual entrega de esta contribución temporal adicional provocaría un detrimento en el patrimonio de la institución en ese mismo monto". Reconoció que el proyecto afectaría la colocación de créditos y advirtió que el monto que la entidad le asignaría al Gobierno sería de un 93% porque ya paga un 30% de renta y un 33% de cargas fiscales, a lo que se sumaría este 30%, por lo que solo le quedaría un 7% para capitalización.
• Instituto Nacional de Seguros (INS): su presidente ejecutivo, Róger Arias, también aseguró que no fueron consultados previo a la negociación con el Fondo. Advirtió que el INS solo "tiene la posibilidad de hasta un máximo de un 5 % de sus utilidades". Además, se podría entrar en conflicto con una recomendación hecha las aseguradoras por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para suspender la distribución de las utilidades acumuladas en sus estados financieros, mientras persista la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19. La entidad también sostuvo que si la contribución es de un 30% adicional, "la afectación sería sistémica para el sector financiero, pues se pondría en riesgo no solo la sostenibilidad financiera de la institución, sino que se pone en riesgo la estabilidad del mercado de seguros".
• Correos de Costa Rica: su gerente, Jorge Solano Méndez, dijo que la empresa está dispuesta a atender el requerimiento, siempre y cuando las utilidades de la empresa lo permitan, a pesar de la repercusión en los programas de inversión. "Indudablemente la aplicación de este aporte reduciría la posibilidad de inversión y de competir en un mercado altamente competitivo, ante grandes empresas privadas cuyos procesos están a la vanguardia en sus procesos, sistemas e inversiones en mejora continua", señaló. Correos registró pérdidas de ¢135 millones en el 2020.
• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop): su presidente ejecutivo, Juan Ramón Rivera, reconoció que el Gobierno no les consultó antes de negociar con el FMI. El aporte que podrían hacer sería poco significativo, ya que el superávit (no refieren las utilidades) fue de ¢92.772.582 en 2020 y al confirmar que el máximo que podrían aportar es el 30%, se desprende que su contribución sería de poco más de ¢27 millones.

Poco positivo

La diputada Xiomara Rodríguez, jefa de la bancada del PRN, dijo que teme que pase lo mismo con proyectos anteriores del Gobierno. (Archivo/CRH).

La diputada Rodríguez manifestó que el panorama que señalan las empresas consultadas es poco positivo para la iniciativa de ley.

"Me temo que estamos nuevamente ante una situación similar a la que se ha vivido con otros proyectos del Ejecutivo, mal elaborados y con poca claridad de los recursos que se puedan generar", expresó.

"Otro aspecto que me llama la atención es que se hayan convocado a mesas de diálogo y no hayan sido capaces de socializar esta iniciativa a lo interno de las empresas", agregó.

La legisladora Silvia Hernández, del PLN, reiteró que la medida sería temporal. (Archivo/CRH).

Mientras, Hernández explicó que el aporte de las empresas públicas para el pago de la deuda pública sería temporal, a pesar de que permitiría introducir mejoras en la administración de recursos que en principio están "ociosos".

"Viendo algunas respuestas que ha tenido el proyecto: ¿qué va implicar eso? ¿Hay otras alternativas? ¿Cuántas de esas entidades realmente van a poder aportar algo por su situación financiera? ¿Algunas serán distractores de su situación financiera?", se cuestionó.

"El tema es que no se tiene una revisión exhaustiva de la operación de los mercados, como los abiertos y en competencia, y la participación del Estado. Esa es una reflexión mucho más grande, pero que este proyecto trae a la mesa de discusión y no se plantea, sino que se plantea como un paliativo", amplió la liberacionista.