Ahora sí: Municipio valorará recomendaciones de Patrimonio sobre polémica línea roja

(CRHoy.com) La Municipalidad de San José valorará las recomendaciones del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (Cicpc) en su proyecto "Kilómetro Centro", después de las críticas que este despertó por la demarcación de una línea roja en históricas aceras en la capital.

El órgano del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) participó el 25 de noviembre anterior en una "sesión de trabajo" a la que fue convocada luego de que requiriera un informe al gobierno local sobre la iniciativa. Esto en el tanto que se aplicó pintura sobre aceras de piedra "granito criollo" en plantilla construidas hace más de un siglo, que pasan frente a edificios de interés, como la Antigua Casa de la Familia Jiménez de la Guardia o el Maroy

Dicho encuentro, en el que participó la directora de Patrimonio Cultural, Sully López, representantes del ayuntamiento y de la Cámara de Comercio, fue acordado por las partes luego de que CRHoy.com revelara que el Centro de Investigación y Conservación pidiera un reporte en medio de cuestionamientos surgidos tras la colocación de la línea roja, como por ejemplo, los realizados por el arquitecto y cronista urbano Andrés Fernández.

"Se habló no sólo de estas fases del proyecto, sino de todo el impacto que se busca con los diferentes elementos que contiene esta intervención, que arranca por Kilómetro Centro, pero que realmente es una estrategia mayor de la Municipalidad de San José para recuperar la ciudad y para potenciar la riqueza y los diferentes recursos, tanto naturales como culturales, que la ciudad ofrece no solo a la ciudadanía que vive en nuestro cantón, sino a las personas que transitan y también a las personas que nos visitan del extranjero", explicó a este medio la jefa del Departamento de Servicios Culturales del gobierno local, Tatiana Chaves.

Entre tanto, en la reunión se acordó seguir adelante con la iniciativa con miras a presentarlo el 6 de diciembre de manera formal. También se pactó organizar una nueva sesión del Centro de Investigación y Conservación con la Agencia Local de Innovación y Desarrollo del municipio (despacho a cargo del proyecto).

"Allí se va a valorar la colocación del resto de la línea en el perímetro del centro histórico de la ciudad y poder incorporar algunas recomendaciones u observaciones que se han hecho. Como hemos dicho reiteradas veces, este Kilómetro Centro era un plan piloto de esta iniciativa para poder probar el proyecto como tal y poder verificar los alcances del mismo y hacer los ajustes necesarios", comentó la funcionaria.

La vocera rechazó que se impactara el patrimonio con la demarcación de las históricas aceras, como lo denunció Fernández en conversación con CRHoy.com.

"El kilómetro Centro no contiene afectación directa sobre ningún bien patrimonial y esto lo reiteramos lo aclaramos. Sabemos, por supuesto, que estamos interviniendo o tocando zonas donde hay inmuebles con declaratorias de patrimonio. Tenemos conciencia, además, de que hay otros inmuebles por donde pasa Kilómetros Centro que no necesariamente tienen esa declaratoria y sin embargo para nosotros como municipio son infraestructuras importantes", indicó Chaves.

Cuestionada sobre por qué hasta ahora se tomó en consideración a Patrimonio, la jefa de Servicios Culturales expuso que esto respondía a la "reflexión que se ha generado en torno a la discusión y la conversación a través de redes sociales".

La consideración de sectores, como la sociedad civil, universidades, arquitectos, historiadores e, incluso, el Concejo Municipal de San José, fueron aspectos criticados por Fernández y el regidor Diego Miranda.

La Casa Jiménez de la Guardia y el Edificio Maroy fueron levantados en 1905 y 1923, respectivamente, según se desprende de los decretos 27488-C y 28555-C. Las incorporaciones de las estructuras al patrimonio histórico-arquitectónico fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre de 1998 y 12 de abril del 2000.

Las consideraciones del decreto de incorporación de la Casa Jiménez de la Guardia destacan que el edificio -ubicado en la calle 5, entre las avenidas Primera y Tercera, en El Carmen, San José- representa la influencia del modernismo en Costa Rica, conocida como art nouveau. Esa corriente arquitectónica alcanzó pocas estructuras en San José, de ahí la relevancia de la conservación del inmueble declarado patrimonio, reza la publicación.

Esta residencia fue diseñada por su primer propietario, el abogado y diplomático Manuel Francisco Jiménez Ortiz. Con motivo del terremoto de Orotina del 4 de marzo de 1924, la segunda planta de la vivienda tuvo que ser reedificada.

La casa "presenta un valor arquitectónico manifiesto en los materiales, métodos constructivos y en la profusión de los detalles ornamentales, tanto a nivel interior como en el exterior, en donde descollan los motivos frutales y florales, así como rostros humanos en las fachadas", destaca el decreto.

El edificio Maroy, en cambio, es destacado por haberse construido bajo la influencia del estilo neoclásico. Sus características arquitectónicas sobresalen en el contexto urbano, indica el decreto.

Dicha edificación (situada en la esquina de la calle 5, avenida Primera) constituye un fiel testimonio del período histórico del sector en que se ubica, comprendido entre finales del siglo XIX y principio del XX", resalta la declaratoria.

Por todo lo anterior, y en virtud del deber del Estado de salvaguardar el patrimonio cultural, se prohibió su demolición, remodelación parcial o total sin la autorización previa del Centro de Investigación y Conservación. Los dos decretos fueron suscritos durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Dañar o destruir un inmueble declarado de interés es sancionado con entre uno y tres años de prisión, tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica. El numeral siguiente, además, establece multas que van desde los 10 a 25 salarios bases -es decir, entre ¢4,6 millones y ¢11,6 millones- por, entre otras cosas, construir, reparar o llevar a cabo cualquier otra clase de obras en un bien de interés, sin la autorización respectiva del Centro de Investigación y Conservación. La instancia por ahora no tiene ningún proceso abierto contra el ayuntamiento en ese sentido.