Agenda energética desconectada de necesidades de empresarios
Medidas para bajar el costo de la electricidad para los empresarios estuvieron ausentes de directrices de Carlos Alvarado durante primeros 12 meses en Zapote
La CICR advierte sobre el desenchufe entre la agenda energética del Gobierno y las necesidades del sector empresarial. En la gráfica Enrique Egloff (izq.) y Francisco Gamboa, presidente y director ejecutivo de la CICR, respectivamente. (CRH)
(CRHoy.com).- La agenda política del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa está desconectada del viejo clamor de los empresarios industriales por acciones que reduzcan el precio de la energía que utilizan para producir.
Según la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), no se trata solamente de que no hay decisiones políticas para lograr un precio más bajo en el costo del vital insumo para la producción, sino que, además, las que ha tomado el actual Gobierno los preocupan y alertan por los perjuicios que podrían causarle al sector industrial y a la competitividad del país en general.
La súplica de los industriales por precios de la energía más bajos se repite hoy, cuando la economía costarricense permanece dormida y crea otros males, como el desempleo, que lastima al 12% de la población económicamente activa. Ese porcentaje cobra vida en las penurias y frustraciones de 276.279 ciudadanos quienes no encuentran empleo.
Según datos del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, en la corriente de proyectos de ley del plenario y las comisiones hay 16 iniciativas que tocan la materia energética.
De esos, 11 todavía están en su trámite preliminar de discusión en comisiones del Parlamento; 3 apenas acaban de ser publicados y uno fue archivado.
Solo uno, el proyecto de Ley de Combustibles, está en el plenario a la espera de un acuerdo para iniciar las últimas etapas de su proceso legislativo. La propuesta de ley busca eliminar el uso de derivados del petróleo en Costa Rica,
En cuanto a la agenda del Poder Ejecutivo, al menos durante su primer año de gestión el presidente de la República no emitió ninguna directriz que tuviera como finalidad aliviar la carga de las tarifas de la electricidad para el sector productivo.
Por ejemplo, ninguna de las 44 directrices que firmó el presidente Carlos Alvarado durante sus primeros 12 meses en el poder tienen como fin bajar el costo de la energía para el sector industrial.
Las órdenes del mandatario sobre energías tuvieron un enfoque más ambiental y futurista, como la que dio el banderazo de salida a la exploración de la producción de hidrógeno como combustible limpio, y la que conminó al sector público a empezar la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones.
Carlos Montenegro, subdirector de la CICR respondió a CRHoy.com que la Cámara le ha presentado a Carlos Alvarado y al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, varias propuestas que van desde decretos, directrices y modificaciones a leyes y nueva normativa para reducir el precio de la energía.
Hasta ahora, comentó, lo poco que ha logrado el sector se limita a la presentación de una tarifa de media tensión B para grandes consumidores.
"Es un paso en la dirección correcta, pero eso alcanza a un pequeño grupo de empresas y aún no se ha logrado que también lo hagan las otras distribuciones eléctricas", contestó.
En referencia a los proyectos que hay en la corriente legislativa en este momento, la CICR condenó la propuesta que autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a producir e industrializar biocombustibles algo que incomoda a los industriales por los antecedentes de altos costos que tiene la Refinadora y las malas experiencias previas que tiene el Estado como empresario.
"En el sector eléctrico, hay proyectos en el tema de la generación distribuida, pero algunos en vez de liberalizarla, más bien buscan limitarla, por lo que consideramos que es necesario darle mayor seguridad jurídica a los consumidores que deseen autoproducir y a las empresas que han nacido alrededor de energía solar, eólica y otras alternativas como la geotermia de baja entalpía", alertó.
Carlos Montenegro consideró que el marco jurídico del sector eléctrico, no solo está desactualizado, sino que ha sido acomodado para favorecer a actores específicos como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresas municipales, cooperativas, generadores privados, para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, (ARESEP), y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
"Pero nunca el consumidor y la búsqueda de las mejores tarifas para el consumidor ha estado en el centro (de la normativa), por lo que la CICR considera importantísimo retomar las propuestas para mejorar el marco legal del sector eléctrico y promover ese cambio hacia la búsqueda de mejores tarifas para el consumidor", subrayó.
Un reclamo para el presidente
El diputado Pedro Muñoz, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), coincidió con el sector empresarial industrial en la urgencia de reducir las tarifas para potenciar la producción.
Con tal objetivo, comentó, le envió desde el 16 de mayo del año pasado una nota al ministro de Ambiente y Energía en la que le solicitaba la modificación al varios aspectos del Reglamento de Generación Distribuida para que más empresas produzcan y ofrezcan electricidad, lo cual provocaría una reducción en el costo de ese insumo.
La solicitud de una modificación al Reglamento escaló hasta el presidente Carlos Alvarado, en octubre del año, cuando este se comprometió con la bancada del PUSC a aprobar la reforma antes de que culminara el 2018 con tal de que los legisladores socialcristianos votaran a favor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En su nota de respuesta al PUSC, Alvarado afirmó que su gobierno comparte "plenamente" el objetivo de reducir el costo de la energía como mecanismo para fortalecer la competitividad, beneficiar a los consumidores y facilitar el crecimiento de la generación distribuida.
Alvarado anunció al PUSC que el Gobierno está trabajando en un "esquema de revisión de los proyectos de energía que optimice el sistema y logre que el costo del kilowatt hora sea el más adecuado". Agregó que en esa labor se encuentra el Minae, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y los generadores privados de electricidad.
"Asimismo, promoveremos una mejora en la tarifa MTb (Media Tensión) que es crucial para la competitividad, con la meta de que se concrete en el corto plazo y entre en vigencia en los primeros meses del próximo año (2019)", se lee en la respuesta de Alvarado.
Sin embargo, el congresista Pedro Muñoz manifestó que el mandatario incumplió su compromiso en perjuicio del sector productivo costarricense.
"No quieren (las autoridades de Gobierno) permitir la generación distribuida para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no pierda clientes. Con la tecnología de hoy, ya usted no necesita hacer toda una gran modificación legislativa (para reducir el costo de la energía), como aquellos proyectos de ley antiguos, como el de Contingencia Eléctrica. Con la tecnología, con el costo de producción de la energía solar, con los medidores bidireccionales y con toda la tecnología de hoy, para aliviar al empresario y al consumidor residencial ya no se necesita una ley de contingencia eléctrica como la que se planteó en el gobierno de Óscar Arias (2006-2010). Al ICE lo están favoreciendo indebidamente a costas del bolsillo de los costarricenses", declaró el socialcristiano.
Muñoz agregó que él compartió su idea para abaratar la electricidad con los empresarios quienes, dijo, coincidieron con él en que lo que hace falta para reducir el costo de la energía en el país es solo la voluntad política del Poder Ejecutivo.