Acuerdo de 2015 aumentó contrato de Globalvía en $43 millones por gastos extra
El acuerdo de 2015 que sumó $43 millones al contrato de concesión de Globalvía en la ruta 27 se firmó para compensar gastos extra asumidos por la empresa debido a atrasos en la construcción de la autopista.
Así se desprende del propio documento de 2015 y de un análisis de la concesión realizado por la Sugeval en 2025. Este tema es parte de la investigación que lleva adelante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para la que convocó al expresidente Luis Guillermo Solís.
La empresa alegó entonces atrasos en el desarrollo del proyecto que impidieron el inicio de las obras dentro del plazo previsto. Pidió que se le reconocieran sobrecostos de inversión, actualización de la obra civil, rentabilidad dejada de percibir y otros costos asociados. Inicialmente el reclamo era de $94 millones.
El acuerdo de conciliación lo firmaron la compañía, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Gobierno de Costa Rica, luego de un proceso de arbitraje en la Cámara de Comercio iniciado por la compañía en enero de 2012.
El monto acordado de $43,4 millones se otorgó mediante un aumento en el monto de concesión que la empresa tiene derecho a recoger por medio de peajes. La cifra total pasó de $258 millones a $301 millones.
Estos números deben calcularse en dólares del 29 de noviembre del 2000, según el contrato.
Los $43 millones se componían por un 84% por sobrecostos, un 13,4% de rentabilidad y casi un 3% correspondiente a garantías y seguros.
El tribunal de arbitraje aprobó el acuerdo en marzo de 2015 y en agosto de ese año cerró el caso.
Acuerdo aprobó pago posterior a concesión
El acuerdo de 2015 le aseguró a Globalvía un pago posterior al fin de la concesión, algo que es inusual en este tipo de contratos, según Federico Villalobos, especialista en evaluación financiera y económica de infraestructura.
El plazo original de la concesión es de 25 años y 6 meses a partir del 9 de enero del 2008, por lo que terminará el 9 de julio de 2033. El contrato puede terminar antes del plazo si se alcanza el monto de $301 millones en peajes.
Si la recaudación por peajes para 2033 es menor o igual al monto original de $258 millones, el país debe darle a la empresa los $43 millones.
Sin embargo, el escenario más seguro para ese año es que la recaudación sea mayor a los $258 millones pero menor a los $301 millones del acuerdo. En ese caso, el país debe pagarle la diferencia a la empresa.
La proyección es que ese remanente sea de $12,5 millones al llegar a 2033. No obstante, este monto se convierte en $470 millones cuando se cruza con diferentes variables y se lleva a valores del 2000. Esa suma alcanzaría para construir dos Circunvalación norte.
El origen de estos recursos aún se desconoce; puede obtenerse de futuros peajes que vayan a pagar esa deuda o de presupuesto nacional. CR Hoy consultó al MOPT sobre el tema, pero la respuesta está pendiente.
El país tendrá como máximo 30 días para saldar esta deuda con Globalvía, luego de terminar la concesión. Después de ese plazo se cobrarán intereses.
¿Qué debe pasar para evitar la deuda?
Existen al menos tres caminos que pueden ayudar a reducir o llevar a cero la deuda del país con la concesionaria.
El primero es que la demanda de la autopista crezca para que la empresa recaude más dinero por peajes. Esto significa que más carros pasen por las estaciones de cobro.
Cada año que pasa, al alejarse del 2000 como año referencia, el dinero "vale menos", por lo que se necesitan más ingresos para rebajar la factura.
El segundo es que el monto de los peajes aumente, también bajo la misma idea de que más ingresos es igual a una posible menor deuda.
La última vía es que el Gobierno negocie con la empresa una rebaja de la tasa de descuento, esta es la fórmula que se utiliza para calcular el valor presente de las cifras. También se consultó al MOPT por esta posibilidad, pero se espera respuesta.
Luis Guillermo Solís convocado
El expresidente Luis Guillermo Solís tendrá que rendir cuentas por la ampliación del contrato firmada en 2015, durante su gobierno.
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público lo convocaron como parte de la investigación que realiza de la administración y operación de la concesión. También llamaron a la contralora, Marta Acosta.
En redes sociales, Solís indicó que acudirá a la comisión a hablar de la prórroga concedida a Globalvía.
