Abogados califican de ilegal y arbitraria orden de vigilar a opositores en Cartago
La orden policial de vigilar a opositores del Gobierno durante las actividades del 14 de setiembre en Cartago es ilegal y arbitraria, según abogados constitucionalistas.
La Dirección Regional de Cartago de la Fuerza Pública giró la directriz a los cuerpos policiales para identificar y vigilar a determinados grupos, a los que además calificó como "agitadores".
Las jefaturas ordenaron ubicar a ocho agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) en las cercanías del Banco Nacional de Cartago para labores de vigilancia.
Abogados cuestionan actuación policial
Para el constitucionalista Marvin Carvajal, los cuerpos policiales solo deben intervenir para prevenir delitos, reaccionar ante ellos o garantizar la seguridad de los presentes. Esa intervención, agregó, no debe usarse para impedir o dificultar que los ciudadanos expresen libremente sus opiniones.
"La identificación de personas que expresan, en un acto público, una opinión favorable o contraria a determinado gobierno, fácilmente puede tener un efecto de amenaza e inhibir a las personas de expresarse ampliamente", advirtió.
Rubén Hernández, también constitucionalista, calificó la medida como "ilegal, inconstitucional y una arbitrariedad".
"Es una barbaridad, es algo que no tiene justificación y no hay ninguna norma que los ampare", añadió.
El jurista sostuvo que una actuación de este tipo podría generar responsabilidades administrativas y penales, por lo que correspondería acudir a los tribunales para determinar eventuales sanciones.
En el plano constitucional, Hernández considera que podría haber una limitación arbitraria a la libertad de tránsito, al impedir que los ciudadanos se movilicen libremente en un espacio público.
También podría haber infracciones al Código Penal si los cuerpos policiales asumieron funciones que no les corresponden o actuaron contra el ordenamiento jurídico, según el abogado.
Despliegue policial generó críticas
El 14 de setiembre, la Fuerza Pública acordonó la Plaza Mayor con barreras metálicas y estableció controles de identificación, lo que provocó largas filas y restringió el ingreso de manifestantes y grupos civiles que pretendían participar en la "Faroleada".
En el operativo también estuvo el vehículo blindado conocido como "La Bestia".
Durante la jornada hubo enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del Gobierno. Dos jóvenes fueron expulsados de la plaza tras un altercado con un grupo de simpatizantes oficialistas.
Las actuaciones policiales de ese día generaron críticas ciudadanas, cuestionamientos de diputados de oposición en la Asamblea Legislativa y recursos de amparo ante la Sala Constitucional.