Abogado asesinado habría aprovechado amistad con jueces y fiscales para recibir datos de casos penales
Tráfico de influencias, divulgación de secretos e incumplimiento de deberes, entre delitos imputados
De acuerdo con los informes preliminares el exjuez de apellidos Ulloa Rodríguez que fue asesinado en febrero pasado, aprovechaba la relación de amistad y relación que tenía con 3 jueces y 3 fiscales para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
Tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y hasta legitimación de capitales son parte de los delitos que habrían cometido los funcionarios capturados la mañana de este viernes.
Así lo indicaron la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el subdirector Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Por su cercanía, por su confianza y conocimiento con algunos funcionarios activos, se generan estos intercambios de información que constituyen un delito. Cuando un funcionario judicial se va hacia el área privada, los que siguen activos no deberían tener ningún tipo de vínculo y tratarlos de la misma forma como se trata cualquier particular.
Se trata de tres jueces identificados los apellidos Sánchez, Padilla, así como tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado en Tres Ríos, el 27 de febrero de 2024.
La investigación afloró tras la muerte de Ulloa Rodríguez, cuando las autoridades se enteran de los supuestos vínculos ilegales entre el jurista asesinado y los funcionarios activos. La fiscal general en ejercicio, Karen Valverde, detalló más sobre las acciones ilegales supuestamente cometidas.
Tenemos la obligación de mantenernos alejados de personas que aunque las conozcamos, de confidencialidad, de no estar opininando n iaconsejando sobre trámites y otro tipo de situaciones.
Las causas penales, y en la actualidad máxime cuando se están tramitando causas de delincuencias graves incluso contra grupos organizados, la confidencialidad de las actuaciones para terceros ajenos al proceso es vital.
Adicionalmente se investiga si hubo pagos a los funcionarios judiciales para que hicieran algo propio o ajeno a sus funciones. También se indagará si emitieron resoluciones contrarias a la ley.
Los ocho sitios intervenidos son el Juzgado Penal y la Fiscalía de La Unión, la Fiscalía de Flagrancia de Goicoechea; la casa de Sánchez y la de sus padres, el Juzgado de Tránsito de Desamparados, una oficina judicial de Tecnología de Información y la vivienda de Ulloa.
Tras la detención, el Ministerio Público indaga a los detenidos y posteriormente valorará pedir medidas cautelares. El expediente se tramita bajo el número 24-000085-1218-PE.
