¿A qué se expone Amador por incumplir orden sanitaria?

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, se expone a ir a prisión por desobedecer una orden sanitaria por daños en el terreno para el nuevo hospital de Cartago, ubicado en cantón de El Guarco.

Así se lo advirtió el Ministerio de Salud en el oficio MS-DRRSCE-DARSEG-02-119-2022 con fecha del 2 de noviembre de 2022, y que está en poder de este medio de comunicación.

En la nota, firmada por Glorianela Sancho Rodríguez, directora del Área Rectora de Salud de El Guarco, se apercibió al jerarca por las sanciones de ley que implican la desobediencia.

"Se le apercibe que, de no cumplir con lo indicado, se tramitará denuncia ante los Tribunales de Justicia por desobediencia a la autoridad, según el artículo 314 del Código Penal, cuya sanción es de 6 meses a 3 años de prisión, asimismo en caso de evidenciarse algún tipo de tipicidad, por principio precautorio, se solicitaría la investigación correspondiente y de ser procedente, se determine la respectiva figura penal", dijo la funcionaria.

El ente notificó directamente a Amador, por los daños que constataron en una inspección en los alrededores del lote comprado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2011 para construir la infraestructura hospitalaria.

Los funcionarios de Salud evidenciaron aguas estancadas no fétidas en una zanja contiguo a la calle principal paralela al terreno. Según dijeron, se presentaba un estancamiento de las aguas, que en apariencia no correspondían a aguas negras, por el color y el olor. Además, debido a que -dijeron- no existían casas o establecimientos que pudieran estar generando ese tipo de aguas residuales.

Por eso, determinaron que la problemática debía ser solucionada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para lo que le dieron al ministro, un plazo de un mes a partir de la confección de la orden. El periodo venció el 1 de diciembre de 2022.

"En el plazo indicado debe proceder a: realizar limpieza y los trabajos que sean necesarios en las alcantarillas y zanjas de los sectores norte y noreste del lote propiedad de la CCSS, donde se pretende construir el Hospital de Cartago, para que las aguas pluviales no se estanquen y no se acumule basura. Las aguas deben ser encausadas de forma correcta en alcantarilla pública y tubería de desagüe", ordenó Salud.

Sin embargo, el documento MS-DRRSCE-DARSEG-0580-2023 del 12 de junio de 2023, evidencia que Amador no cumplió con el plazo dado en la orden sanitaria. De esa manera lo reveló la directora Sancho Rodríguez tras una inspección hecha en mayo de ese mismo año.

"No se evidenció la realización de los trabajos solicitados en la orden sanitaria girada al señor Luis Amador, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con fecha de vencimiento del 1 de diciembre de 2022.

La situación más bien ha empeorado, ya que se ha tomado el lugar como un botadero de residuos, ante la omisión del MOPT (…) A la fecha no se ha cumplido, tal y como se determinó, el 23 de mayo mediante inspección de seguimiento", señaló la funcionaria.

Piden cuentas

Por medio de una nota, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, pidió a la ministra de Salud, Mary Munive, informar si aplicó las sanciones de ley de las que se le apercibió al ministro Amador Jiménez.

También consultó si al jerarca se le aplicó la multa de un salario base por el incumplimiento de la orden, tal y como lo establece el artículo 6 del Reglamento de la ley N° 9837, que reformó la Ley General de Salud.

El legislador le solicitó a la también vicepresidenta que, en caso de no haberse aplicado alguna de esas sanciones, detalle las justificaciones técnicas y jurídicas por las cuales descartaron el proceso.

Este medio también hizo las consultas al Ministerio de Salud por medio de la Unidad de Comunicación al correo de prensa. Sin embargo, al cierre de esta nota, no habían respondido lo solicitado.

"Atendido de forma diligente"

Desde el pasado 16 de enero, se solicitó la posición del propio ministro Amador por medio del departamento de Prensa del MOPT. Desde esa oficina respondieron el 19 de enero con los documentos del equipo técnico del Ministerio y de Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). 

En uno de los oficios, con fecha del 4 de julio de 2023, la directora interina de la División Administrativa del MOPT, Paola Rojas Chacón, contradijo a Salud e hizo ver que se hicieron labores de limpieza de la cuneta que señaló Salud, y trabajos para dar pendiente a la salida de agua hacia los desfogues existentes. La atención se hizo en noviembre de 2022 y junio de 2023, dijo en la nota dirigida a la directora del Área Rectora de Salud.

La funcionaria admitió, eso sí, que faltaban trabajos complementarios relacionados con el análisis hidráulico del sitio para corregir el problema de aguas estancadas. Vencido el plazo de ley, para setiembre, la cartera de Transportes achacó la responsabilidad de atender ese problema, a la Municipalidad local y hasta el propio Ministerio de Salud, argumentando así la omisión en ese punto en particular.

Eso lo dijeron en respuesta a los señalamientos de la cartera sanitaria por el desacato que evidenciaron en la reinspección.

"Como parte de los hallazgos se identificó que el flujo de agua presentado en la zona, no obedece en principio a aguas pluviales (como dijo Salud) sino más bien a aguas residuales. Lo anterior debido a que se visitó el sitio en condiciones soleadas y secas e igualmente se identificó presencia de flujo de agua; deduciéndose así que el origen del problema no corresponde a las competencias de este Ministerio, y en su defecto obedece a las competencias del Ministerio de Salud, el velar por el correcto tratamiento de aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales, así como de eliminar su vertido al alcantarillado pluvial, lo anterior en apego a la normativa vigente".

A raíz de eso, concluyeron que "este Ministerio ha atendido de forma diligente la problemática denunciada dentro de sus competencias, además, resulta improcedente que se solicite a este Ministerio, el solventar una problemática que compete a propiedad e industrias de la zona ubicada frente a la Ruta Nacional 228, y que se encuentran pendientes de una solución definitiva, así también, como el realizar una solicitud de acciones más allá de las demandadas mediante el acto".