Fiscalía analiza cientos de pruebas financieras y digitales en pesquisas sobre Coopeservidores
A dos años de que estallara el caso, la investigación por los presuntos delitos de estafa mayor y administración fraudulenta en Coopeservidores avanza con el análisis de un alto volumen de información obtenida durante los allanamientos y la revisión de las pruebas financieras decomisadas en los allanamientos de 2024.
Entre las evidencias bajo riguroso estudio figuran dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, contratos de proveedores, informes de auditoría, comprobantes de pago y documentación sobre los beneficios anómalos que recibía la alta gerencia.
También permanecen bajo estudio todas las movidas financieras y tributarias de los sospechosos, luego del levantamiento del secreto bancario y fiscal autorizado por un juzgado. Todo esto sumaría evidencias para fortalecer el caso.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos confirmó que mantiene pericias a profundidad junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con las cuales esperan obtener resultados en corto plazo.
En la causa hay 10 imputados, de los cuales cuatro cumplen medidas cautelares. El exgerente general Óscar Hidalgo, el exgerente legal Adrián Mora, el exjefe de Cobros Víctor Torres y la exjefa de Operaciones Cristina Bejarano tienen impedimento de salida del país, mantienen retenido su pasaporte y deben firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales.
Además, Hidalgo tiene prohibición de molestar, perturbar o acercarse a personas vinculadas con el proceso. La última prórroga de las restricciones fue ordenada por el Juzgado Penal de San José y permanece vigente hasta setiembre de 2026.
Desde 2024, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L. (Coopeservidores) fue intervenida por orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). En agosto de ese año, se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía.
Posteriormente, se declaró su inviabilidad financiera debido a una elevada morosidad que, presuntamente, era ocultada, situación que provocó millonarias pérdidas a ahorrantes y asociaciones solidaristas del país.
A ello se suma que, según la investigación, altos mandos de la cooperativa disfrutaban de lujos financiados mediante presuntos esquemas ilícitos de subcontratación, mientras la entidad atravesaba una compleja situación financiera.
Gran cantidad de evidencia
El volumen de evidencia decomisada ha prolongado el análisis de los investigadores. Solo durante los allanamientos de hace dos años se incautaron los respaldos completos de los sistemas informáticos Siscom e Isotool, computadoras portátiles.
Además, se obtuvieron decenas de CPU, tabletas, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico, como memorias USB, discos compactos y discos duros, con documentos relacionados con la investigación.
Para las autoridades, es clave revisar los expedientes de proveedores, contratos y adendas suscritos con Coopefénix R.L. —tanto por el suministro de mascarillas y artículos de ferretería como por la gestión de cobros—, SCLA S.R.L. y el Bar y Restaurante Il Refugio, sumados a las pólizas de responsabilidad civil profesional, reportes de gestión de cobro y órdenes de compra con esas empresas.
Todo esto podría confirmar las anomalías y posibles conflictos de interés derivados de relaciones de parentesco, consanguinidad y vínculos sentimentales con altos jerarcas de la cooperativa.
Entre la documentación también figuran informes de auditoría forense elaborados por Carvajal & Colegiados, London Consulting Group y la Auditoría Interna, los cuales detectaron buena parte de las presuntas irregularidades en el manejo de Coopeservidores.
Los comprobantes compra, pagos, escrituras, transferencias y amortizaciones de los 10 vehículos de alta gama adquiridos para la alta gerencia, así como documentos de liquidaciones laborales, cálculos de prestaciones, constancias salariales y registros de entrega de dispositivos —iPhone y MacBook— y vehículos Audi Q3 y Audi A4 que se analizan, evidenciarían los beneficios ilegales.
También son relevantes los registros de inventario, facturas, proformas y transferencias relacionados con línea blanca, electrodomésticos y remodelaciones de las oficinas de lujo de la gerencia general.
A ello se suman las facturas e inventarios correspondientes a las 913 botellas de licor almacenadas por la cooperativa, así como estados de cuenta y registros históricos de las tarjetas corporativas utilizadas por los sospechosos, cuyo uso presuntamente fue fraudulento.
Parte esencial de las pericias en curso son los análisis de cuentas bancarias, cajas de seguridad, inversiones, transferencias, préstamos, fideicomisos, tarjetas de crédito, movimientos mediante SINPE, declaraciones del impuesto sobre la renta, información tributaria, reportes patronales ante la CCSS, planillas, marchamos y planes de pensiones.
Además de requerir un amplio trabajo técnico que comprende períodos superiores a cinco años, estas movidas registrarían los beneficios irregulares otorgados a la alta gerencia.
Múltiples irregularidades
Uno de los principales focos de la investigación corresponde a la contratación de Coopefénix R.L. para la gestión de cobros de cartera morosa, pese a que originalmente fungía como proveedora de mascarillas y artículos de ferretería y carecía de experiencia en esa actividad.
Entre 2019 y 2024 recibió pagos por ₡3.885 millones, una suma muy superior a la cancelada a cualquier otro proveedor de servicios similares. Además, Coopeservidores pagó ₡1.138 millones durante 79 mensualidades sin que existieran reportes que respaldaran las operaciones recuperadas.
La investigación también señala que SCLA S.R.L., dedicada a la gestión de cobros, no contaba con un contrato formal por escrito con la cooperativa.
Para evadir controles, los pagos eran canalizados por medio de la empresa RGM Servicios de Limpieza S.A. o directamente a la cuenta personal de su representante, Rafael Ángel Gutiérrez Mora. Ambas sociedades compartían, de manera irregular, una misma cédula jurídica.
El director de Operaciones y Finanzas, Santos Lozano, mantenía una relación sentimental con María Mora , representante de SCLA S.R.L., y era cuñado de Marco Mora, coordinador de Coopefénix R.L.
La investigación también describe un patrón de retiros de elevadas sumas de dinero en efectivo por parte del proveedor Rafael Gutiérrez, representante de RGM Servicios de Limpieza S.A.
En una ocasión retiró ₡13 millones en efectivo y manifestó que únicamente realizaba un favor, pues el dinero no le pertenecía. Luego entregó el efectivo dentro de un sobre amarillo al jefe de Cobros, Víctor Torres.
Horas después, un cobrador utilizó ese mismo sobre y el mismo dinero para cancelar créditos morosos. Según el expediente, este esquema se repitió en tres ocasiones más en menos de un mes.
La investigación sostiene que existió un uso abusivo y desproporcionado de recursos de la cooperativa para beneficio personal de varios directivos, especialmente del gerente general.
Entre los beneficios estaban 10 vehículos de lujo —Land Rover, Mercedes-Benz, Audi y BMW, entre otras marcas— por un costo total de $677.200 para uso discrecional. Hidalgo recibió un Land Rover Discovery modelo 2023 valorado en $124.000, pese a que ya disponía de dos vehículos de alto valor adquiridos en 2020.
Su oficina privada tenía acabados de alta calidad, sala de espera, cocina equipada, baño privado con walk-in closet, ducha y una sala de meditación. También se otorgaron tarjetas de crédito corporativas sin límites, registrándose gastos personales por ₡84 millones y $157.867.
A otros funcionarios cesados se les entregaron indemnizaciones que incluyeron vehículos Audi corporativos, computadoras MacBook Pro y teléfonos iPhone como parte de los pagos en especie.
Además, mediante la subsidiaria CS Corredora de Seguros, la cooperativa habría pagado de forma irregular primas de pólizas de deudores con recursos propios. Se cancelaban más de 4.000 primas mensuales sobre créditos que permanecían sin pagos desde hacía más de cuatro meses, generando un perjuicio estimado en $1,4 millones.