6 diputados corregirán 2 proyectos de seguridad del Gobierno

Un grupo de 6 diputados de distintas fracciones legislativas tendrán la responsabilidad de corregir  2 proyectos de ley presentados por el Gobierno para intentar contener la criminalidad y la delincuencia, pero sobre los cuales hay alertas de eventuales vicios constitucionales y errores en sus planteamientos y redacción.

Estos diputados son los liberacionistas Dinorah Barquero Barquero y Gilbert Jiménez Siles; la vicepresidenta del Congreso  y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas; la frenteamplista, Prisilla Vindas Salazar y los oficialistas Alexander Barrantes Chacón y Jorge Rojas López.

Estos 6 congresistas integran 2 subcomisiones que fueron creadas a lo interno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para analizar los expedientes legislativos propuestos por el Poder Ejecutivo y presentarles cambios a su redacción y alcances.

El plazo que tendrán estos congresistas para presentar los cambios será de un mes. Los proyectos en específico son:

• Expediente 23.691, Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada
• Expediente 23.692, Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad.

Endurecer Ley Penal Juvenil

El expediente 23.691  busca endurecer las sanciones aplicadas a los menores de edad que cometan delitos relacionados con el crimen organizado. 

Para ello, el plan del Gobierno busca reformar los artículos 59 y 106 de la Ley 7576, de Justicia Penal Juvenil.

Los diputados que tendrán a su cargo la revisión de este proyecto del Poder Ejecutivo son la liberacionista Dinorah Barquero, el oficialista Alexander Barrantes  y la frenteamplista Prisilla Vindas. 

Los legisladores tendrán que arreglar el proyecto luego de que Servicios Técnicos del Congreso explicara que en el plan contendría disposiciones que rozan con la Constitución Política y  aspectos que violan el principio de proporcionalidad y los principios fundamentales de los individuos. 

Según el texto, en el ordinal 59 lo que se pretende es duplicar los plazos de detención provisional de las personas menores infractoras, y en el numeral 106 ampliar el plazo para el dictado de la sentencia, en ambos artículos, las ampliaciones serán autorizadas para delitos de delincuencia organizada.

"El principio de proporcionalidad equilibra el poder sancionatorio del Estado con los derechos y garantías fundamentales de los individuos, si esto no se acata, se estaría en presencia de una actuación arbitraria y violatoria de los principios y garantías constitucionales. El presente proyecto de ley podría presentar roces de constitucionalidad y de legalidad de mantenerse la redacción del inciso d) de la reforma que se pretende para el ordinal 58 de la Ley 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil", menciona el documento.

Contener delincuentes y revisar medidas 

El proyecto 23.692  propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas en los delitos cuya pena sea inferior a 4 años de prisión.

También contempla la posibilidad de que la pena para el uso monitoreo electrónico tras arresto domiciliario se baje de 6 a 4 años. 

Por último, en lo que respecta a la libertad condicional, esta no podrá ser concedida cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas.

En este caso, los 3 diputados que deberán de discutir el proyecto para presentar su informe son la vicepresidenta del Congreso Gloria Navas, el liberacionista Gilberth Jiménez  y el oficialista Jorge Rojas.

Un informe, también de Servicios Técnicos de la Asamblea, dijo que esta iniciativa también tendría vicios de constitucionalidad y que podría  agravar el problema de hacinamiento carcelario. 

Y que, de aprobarse este proyecto se debería establecer la prisión preventiva como la regla porque se tendría que decretar en la mayoría de los asuntos sometidos a conocimiento de los Tribunales.

"La propuesta presenta serios riesgos de inconstitucionalidad, por establecer disposiciones muy amplias, sin distinciones, que atentarían contra el principio de racionalidad y proporcionalidad, debido a que obligaría a las personas juzgadoras a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas. También contiene diversos elementos que conducen a la configuración de un Derecho Penal de Autor, sustentado en la peligrosidad que no son compatibles con el principio de culpabilidad", dice el informe

Estos 2 proyectos forman parte del grupo de 5 iniciativas que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea para atacar el crimen.

Una vez que  los diputados de estas subcomisiones presenten sus informes con los cambios sugeridos a esos proyectos, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico deberá aprobarlos y más adelante dictaminar los expedientes. Posteriormente, las iniciativas de ley pasarán a discusión en el plenario.

Semana anterior se corrigió otro proyecto 

Algo muy similar ocurrió la semana pasada con otro de los 5 proyectos que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa sobre temas de seguridad.

La semana pasada la comisión aprobó una moción de texto sustitutivo al plan que busca reformar las leyes para aprobar procesos de intervenciones de las comunicaciones para atacar el crimen.

El nuevo texto, entre otras cosas, prohíbe la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y las policías municipales de estos procedimientos de investigación policial.

El proyecto también  define otros delitos que se puedan incluir en la lista para aplicar las intervenciones, entre ellas el tráfico de órganos y de tipo sexual.

La elaboración de ese nuevo texto estuvo a cargo de los despachos de los diputados Horacio Alvarado Bogantes y  Gilberto Campos Cruz, también miembros de la Comisión de Seguridad.