5 sospechosos de exportar cocaína líquida a Europa estarán 6 meses más en prisión

Al menos cinco sospechosos de exportar cocaína en forma líquida, deberán descontar al menos 6 meses más en prisión preventiva, según dictó el Juzgado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

Se trata de las personas capturadas a mediados de noviembre del año pasado, en varios allanamientos realizados por el OIJ en Curridabat, San José, Moravia, Montes de Oca, Santa Ana, Coronado, Escazú, La Unión, Turrialba, Grecia, Poás y Sarapiquí.

Cuatro hombres de apellidos Lemos, Herrera, Lozano y Montoya, así como una mujer apellido Murillo, permanecerán detenidos.

Los investigadores sospechan que la actividad ilícita empezó desde junio del 2022. Las indagaciones se dieron gracias a la interceptación en Israel de un cargamento con cocaína líquida, el 6 de junio del 2023.

El contendedor viajó desde Moín y la droga en apariencia, fue ocultada en botellas de bebidas exportadas desde Costa Rica. Con métodos artesanales, la cocaína se diluía hasta un estado líquido para luego introducirla en recipientes y con colorantes les daban la apariencia de refrescos.

Tráfico internacional de drogas y supuesto lavado del dinero obtenido como ganancias, son parte de los delitos que investigan las autoridades judiciales.

Durante los allanamientos en noviembre del 2023 se capturó a los sospechosos y se confiscó evidencia, como vehículos de alta gama, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares, importantes cantidades de cocaína líquida, implementos para su fabricación, joyas, relojes y otras pruebas.

Altas esferas criminales

La supuesta banda delictiva que operaba el  negocio para exportar cocaína líquida a Europa y Asia, por medio de la empresa de refrescos gaseosos Minerva, tenía contacto directo y visitaba al líder del Cartel de Querétaro en México, sujeto que fue asesinado el pasado mes de abril.

Así consta en el expediente 22-000088-0622-PE, en el que se investiga la participación de 14 personas desde suelo nacional para trasegar la droga a varios países.

Allí se señala que algunos de los miembros de la organización se mostraron sorprendidos al conocer la noticia del homicidio del capo mexicano Álvaro Sánchez Sánchez (alias La Tía, Pollo y Tartamudo), pues en varias conversaciones telefónicas interceptadas confirmaron que era la persona con la que hacían negocios.

Uno de los sujetos investigados, al que se identifica como Jorge Picado, sostuvo una conversación con el empresario de refrescos, Daniel Herrera Soto. Según el documento judicial, Picado le habló del suceso a Herrera y al consultarle si se trataba del mismo sujeto con el que fue a negociar, el empresario le dijo que sí.

La Tía o Pollo, como lo conocían, era objetivo de la DEA al ser señalado como el líder del Cartel de los Hermanos Sánchez, también conocido como Cartel de Querétero.

"Esta información es importante, ya que según los registros migratorios de Edgar Daniel (Herrera) este posee salidas e ingresos a México, lo cual hace inferir que muy posiblemente en algún viaje de estos realizó tal negociación", dice el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Políticas

En "son de broma", Gabriel Lozano, el colombiano que figura como presunto líder del grupo en una conversación con el empresario alajuelense de apellido Herrera Soto (dueño de refrescos Minerva), se refirieron al mandatario como "Papá Chávez".

Se trata de una comunicación interceptada el 16 de marzo de 2023, secuencia 1243990, que contiene el expediente 22-000088-0622-PE del Caso Corona, al cual CRHoy.com tuvo acceso.

"Daniel (Herrera) le informó a Gabriel (Lozano) que para ese día ya habían enviado un contenedor el cual iría hasta Europa esto por las manifestaciones que hizo Gabriel en son de broma sobre que el "papá Chávez va pa'llá pa' esos lados" o sea refiriéndose al presidente de la República (Rodrigo Chaves) quién a partir del 17 de marzo del 2023, tenía programada una gira en Europa específicamente a Francia y Holanda", describe el documento.

Según los informes policiales uno de los posibles implicados, el arquitecto Adrián Mauricio Herrera León, visitó al menos en cuatro ocasiones a Humberto Vargas, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, cuando ocupaba una curul entre 2014 y 2018.

También se sospechó de presuntos vínculos de los miembros del caso Corona con Federico Cruz, conocido como Choreco, quien fue asesor y amigo cercano del mandatario Rodrigo Chaves, así como presidente del partido Aquí Costa Rica Manda, que se autoidentificó como "rodriguista".

Douglas Altamirano, un exdirigente de ACRM que quería ser candidato a la alcaldía por San José con esta agrupación, dijo públicamente tras la asamblea nacional de ese partido que había $6 millones para el financiamiento de la campaña.

En una audiencia ante la Asamblea Legislativa y cuestionado por los diputados, Choreco se negó a responder si esos $6 millones tenían que ver con el cartel mexicano vinculado al Caso Corona.

Los sospechosos del Caso Corona también han trastocado el gabinete del mandatario Chaves. Braulio Venegas, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP, salió de su cargo por presuntamente hacer enlace con Radiográfica Costarricense (RACSA) y el representante de la empresa que luego fue adjudicada como "socio estratégico" para los escáneres antidroga.

Se trata de Corp Low Risk Costa Rica S.A. que preside el abogado Carlo Magno Burgos Vargas, de 34 años. Al parecer, el exjerarca de INCOP gestionó una cita en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en favor de uno de los sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero detenido en el Caso Corona.

La casa del exacalde de Poás José Joaquín Brenes, fue uno de los puntos intervenidos en noviembre por el Caso Corona. La vivienda del gobernante local fue uno de los objetivos de seguimiento durante meses por parte del OIJ, debido a que su hija, de apellidos Brenes Murillo, es una de las sospechosas de participar en la agrupación delictiva.

La joven, de 28 años, era la novia del empresario Daniel Herrera Soto, dueño de la compañía de refrescos, la cual presuntamente se usó para exportar cocaína líquida a Europa y Asia.

Una comunicación que tuvieron el pasado 25 de abril, 2 de los imputados del Caso Corona, reveló además que miembros de la banda hacían pagos de sobornos a funcionarios para avanzar con proyectos de construcción.

Bancarias

Sumado a todo esto, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) otorgó $6,4 millones en hipotecas a una sociedad anónima que fue presidida por uno de los presuntos líderes de la banda que enviaba cocaína líquida a Europa y Asia.

Se trata de Hemu C.R S.A., la cual estuvo bajo la administración de Edgar Daniel Herrera Soto, uno de los supuestos líderes del grupo investigado. Además, en la sociedad estaban dos mujeres y un hombre de apellidos Murillo Picado.

Según un análisis que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), presentado en el expediente 22-000088-0622-PE, el grupo buscó bancarizar sus ingresos ilícitos, mediante hipotecas, fideicomisos y otros movimientos con sus propiedades.

En una de las comunicaciones interceptada que sostuvieron el empresario Daniel Herrera y el abogado Francisco Morales se ubicó una conversación donde se habló de los trámites en el banco y se sugiere pagar a un funcionario para que les ayude a agilizar los trámites de créditos que están gestionando.