5 decisiones del gobierno de Chaves profundizaron el deterioro de la educación pública

9 de May. 2026 | 12:02 am

Docente del Ministerio de Educación Pública. Foto con fines ilustrativos

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

  • La educación pública acumuló recortes presupuestarios durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y la inversión cayó del 6,9% al 4,9% del PIB entre 2021 y 2025, lejos del mínimo constitucional del 8%.
  • El Gobierno impulsó cambios en programas educativos sin presentar una política educativa formal: eliminó el programa de Afectividad y Sexualidad Integral y nunca publicó la llamada "Ruta de la Educación".
  • La crisis también se reflejó en brechas tecnológicas e infraestructura deteriorada: miles de centros quedaron fuera del nuevo modelo de informática educativa y 119 escuelas iniciaron el curso lectivo 2026 en condición sanitaria crítica.

La crisis de la educación pública se profundizó durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y dejó en evidencia los rezagos del sistema en aprendizajes básicos.

El Informe Estado de la Educación 2025 señaló que estudiantes de 15 años presentan niveles de lectura y matemática equivalentes a tercer grado de primaria, mientras la mayoría del estudiantado se ubica en los niveles más bajos de las pruebas PISA, que evalúan competencias en lectura, matemáticas y ciencias.

En medio de ese deterioro, la educación pública quedó marcada por recortes presupuestarios, cambios en programas educativos y una política educativa que nunca se concretó.

Reducción del financiamiento

Desde el inicio de la administración en 2022, el financiamiento educativo quedó marcado por una política de reducción del presupuesto.

El monto destinado a educación pasó de ₡2.861.056 millones en 2021 a ₡2.816.258 millones en 2022. En términos del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión cayó ese año de un 6,9% a un 5,7%, pese a que la Constitución Política establece un mínimo del 8%.

El Gobierno justificó los recortes en la necesidad de ordenar las finanzas públicas. Sin embargo, la disminución se mantuvo durante los años siguientes.

En 2023, el presupuesto bajó a ₡2.781.003 millones, equivalente al 5,4% del PIB. Para 2024 cayó a ₡2.598.415 millones, correspondiente al 5,3% del PIB.

La reducción se profundizó en 2025, cuando el presupuesto descendió a ₡2.580.414 millones, equivalente al 4,9% del PIB, el nivel más bajo del periodo.

No fue hasta 2026 que el presupuesto mostró un aumento y alcanzó el 5,68% del PIB, equivalente a ₡2.771.516 millones. Aun así, la cifra siguió por debajo de la registrada al inicio de la administración Chaves.

En paralelo, persistieron los conflictos por el financiamiento de la educación superior pública.

En 2024, el Gobierno y las universidades públicas no lograron un acuerdo sobre el monto adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente a 2025. Por primera vez en la historia, la negociación pasó a manos de la Asamblea Legislativa.

El FEES es el mecanismo mediante el cual el Estado financia a las universidades públicas. Estos recursos cubren becas, investigación, infraestructura y funcionamiento de las instituciones. La Asamblea Legislativa aprobó un incremento del 2% del presupuesto, equivalente a ₡11.521 millones. Sin embargo, esos recursos todavía no han sido girados.

El conflicto continuó en 2026, durante las negociaciones del FEES para 2027.

El monto base constitucional del FEES corresponde a ₡593.484 millones. Como parte de la negociación, los rectores solicitaron un aumento del 2,94%, equivalente a más de ₡17 mil millones, además del giro de los recursos pendientes de 2025.

El Gobierno rechazó la propuesta, calificó las solicitudes como "demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades" y mantuvo su posición de otorgar un incremento del 0% sobre el monto base.

La presidenta Laura Fernández aseguró que mantendrá la misma postura de la administración anterior en futuras negociaciones. Si no existe un acuerdo, el presupuesto volverá a definirse en la Asamblea Legislativa.

Ausencia de una política educativa clara

El Gobierno presentó en 2022 la "Ruta de la Educación" como el eje de su política educativa, bajo el liderazgo de la entonces ministra Anna Katharina Müller.

En 2023, Müller expuso los cuatro pilares de la propuesta: subsidios y apoyos, infraestructura, conectividad y área académica. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) nunca publicó un documento oficial que detallara la estrategia.

En enero de 2025, Müller dejó el cargo sin presentar formalmente la política educativa. Meses después, el 7 de mayo de ese año, reconoció que decidió no divulgar el documento.

"La Ruta (de la educación) sí existe, solo no me dio la gana publicarla para que ellos la despedacen", afirmó durante una actividad en la Plaza de la Democracia.

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Por su parte, el nuevo ministro, Leonardo Sánchez Hernández, presentó en junio de 2025 el Plan de Trabajo Prioritario Estratégico MEP 2025-2026, sin hacer referencia a la "Ruta de la Educación".

Eliminación de programas de Afectividad y Sexualidad Integral

En 2025, el MEP eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral que se impartía en colegios desde 2018. La decisión se tomó a menos de dos semanas del inicio del curso lectivo y sin que se conociera oficialmente el plan que lo sustituiría.

El Consejo Superior de Educación (CSE) aprobó la eliminación tras una solicitud presentada por Müller para sustituir el programa por una nueva propuesta denominada "Educación para la Paz y la Convivencia".

Sin embargo, incluso integrantes del propio CSE reconocieron que desconocían los contenidos de la nueva propuesta al momento de votar.

El programa eliminado abordaba contenidos relacionados con cambios biológicos y emocionales en la adolescencia, prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados, así como relaciones afectivas y consentimiento.

MEP eliminó programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral en 2025

También incluía contenidos sobre prevención y denuncia de abuso sexual, identificación de relaciones abusivas y educación sobre paternidad y maternidad responsables.

El MEP justificó la decisión al señalar que los programas anteriores incluían materiales con un enfoque centrado en el "erotismo". Además, argumentó que algunos contenidos no eran apropiados para la edad del estudiantado. Sin embargo, desde Presidencia reconocieron que el programa se eliminó tras una petición de pastores evangélicos.

La medida provocó cuestionamientos de sectores académicos y legislativos, que criticaron la falta de claridad sobre el contenido del programa sustituto.

Tecnología educativa: cambio de modelo y brechas

En 2023, el Gobierno eliminó el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), desarrollado durante décadas junto con la Fundación Omar Dengo.

En su lugar, impulsó el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), orientado a modernizar la enseñanza digital. Sin embargo, distintos reportesdistintos reportes evidenciaron que el nuevo programa no alcanzó la cobertura del anterior y dejó centros educativos sin acceso a recursos tecnológicos.

La transición abrió brechas importantes. Según datos del propio MEP, la cobertura pasó de cerca del 90% a menos del 20% de los centros educativos, lo que redujo de forma significativa el alcance del servicio tecnológico.

Para 2024, alrededor de 4.276 centros educativos no contaban con cobertura del PNFT, por lo que una parte importante del sistema quedó fuera del nuevo modelo de formación tecnológica.

A esto se sumaron problemas de conectividad. Datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025 evidenciaron que solo el 34% de las escuelas y colegios del país dispone de conectividad adecuada para atender las necesidades de su población estudiantil.

Debilitamiento de la infraestructura educativa

En 2022, un total de 850 escuelas y colegios mantenían órdenes sanitarias activas. Cuatro años después, la cifra asciende a 926 centros educativos, evidenciando una problemática persistente a nivel nacional.

Para el curso lectivo 2026, 119 centros educativos iniciaron en condición sanitaria crítica (prioridad roja), según datos del MEP.

Estas condiciones incluyen deficiencias en servicios sanitarios, infraestructura deteriorada, manejo inadecuado de aguas residuales y riesgos estructurales que requieren intervención urgente.

Liceo Rural de Tárcoles en estado de abandono

Según los registros oficiales, algunos centros acumulan hasta ocho órdenes sanitarias vigentes relacionadas con condiciones insalubres en aulas, comedores y servicios básicos.

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