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4 de las 8 causas abiertas contra Diablo tienen solicitud de desestimación

Tres de las causas avanzan en ausencia del imputado y otra por homicidio está a la espera de resolución de una apelación.

16 de May. 2023 | 11:02 am

(CRHoy.com) La captura de Alejandro Arias Monge es para la policía uno de los objetivos primordiales desde hace más de 6 años, cuando le perdieron el rastro a quien conocen como Diablo. Desde entonces suma 8 causas penales en su contra por diversos delitos por las cuales no ha respondido al estar ausente en las audiencias correspondientes.

Pese al arduo seguimiento que le han dado los agentes para capturarlo, la mitad de estas tienen solicitud de desestimación, es decir, a espera de que un juez avale que el caso se archive.

Esa información fue confirmada por el Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com, dando a conocer que 4 de esos casos desarrollados en conjunto con diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podrían quedar impunes.

Pero, ¿cuál es la justificación que da la Fiscalía para dar por cerrados estos procesos? A criterio de los funcionarios a cargo de estos, en el desarrollo de las investigaciones iniciadas en el 2014, 2017 y 2019 "no se obtuvo prueba para acusar la causa", esto quiere decir, que no contaban con suficientes indicios para demostrarle a los jueces que Arias debía enfrentar un juicio.

Se trata de las que lo vinculan con robo agravado, amenazas agravadas, desobediencia y usurpación.

Último intento de cacería fue en fiesta

Debido a que el sujeto sigue escondiéndose de la policía, quisimos conocer la posición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para tener una actualización del caso, pero desde la dirección indicaron que "por ser un caso en pleno proceso de investigación, de momento no se puede adelantar más detalles al respecto".

Uno de los últimos indicios que tuvo la policía judicial sobre Monge, fue su presencia en una fiesta en la propiedad de un familiar en Calle Vargas de Cariari el pasado 29 de enero.

Las autoridades recibieron información de que Diablo estaba acompañado de varias personas que trabajan para él, brindándole seguridad, por lo que se montó un operativo para tratar de "cercarlo", sin embargo, cuando se desarrolló el trabajo, el objetivo se había ido caminando del lugar.

Aproximadamente 50 agentes formaron parte de ese trabajo e incluso intervinieron el cementerio de la localidad, sitio que se presume usó Alejandro para evadir a la autoridad y hacerse camino por una finca aledaña.

Desde entonces, la policía ha recibido varias versiones de que el sospechoso podría moverse por tierra, usando puntos ciegos en la frontera, entre Costa Rica y Nicaragua.

Otros pendientes

Sobre las otras cuatro causas, la Fiscalía confirmó que tres siguen con procedimiento pendiente debido a que ha estado ausente desde que se ordenó el inicio de los mismos, por lo que se mantienen en desarrollo a espera de contar con todos los elementos para saber si se solicita juicio o también se pide desestimarlos.

Estas últimas se iniciaron todas en el 2020 y buscan imputarle los delitos de robo agravado (robo de ganado), tentativa de homicidio, amenaza a funcionario público y acopio de armas.

En estos procesos también figuran como imputados tres hombres de apellidos Mendoza Cruz, García Mendoza y Guzmán Campos.

Uno por homicidio está en apelación

La única causa que de momento sigue activa a la espera de una resolución es la 15-000182-0066-PE. Por esta ya existía una condena a prisión, pero los abogados que defendían a los imputados apelaron la sentencia por homicidio calificado.

La víctima de este caso es Ademar Jiménez Gómez, alias "Pipi", a quien asesinaron en marzo del 2015.

"En respuesta a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos indicó que la causa de su interés fue a juicio y los imputados fueron sentenciados a prisión. Sin embargo, la defensa técnica apeló la resolución y el Tribunal de Apelación declaró la nulidad de la sentencia y ordenó un reenvío (nuevo juicio), por lo que los acusados quedaron en libertad.

En ese sentido, la Fiscalía presentó un recurso de casación y se está a la espera de que la Sala III resuelva al respecto", explicaron.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos había acusado a Rigoberto Tenorio Calvo y a su hija, Gercel Tatiana Tenorio Pérez, de planear el homicidio de Jiménez Gómez y Pablo Castro Barrantes, en complicidad de José Rafael Vargas Mora, por lo que el Tribunal Penal de Pococí los condenó a 25 años de prisión.

"La Fiscalía acreditó que estos tres imputados son autores intelectuales de los hechos, ya que, según la prueba aportada en su contra, fueron los encargados de contratar a los sicarios, quienes son liderados por una persona conocida con el alias "Diablo", para cometer los homicidios por encargo.

En el mismo juicio, la Fiscalía probó que Gustavo Román Marchena fue intermediario entre José Rafael Vargas Mora y parte de la organización criminal de alias "Diablo". Por ese vínculo, al imputado se le condenó a 10 años de prisión", informó la Fiscalía el 25 de agosto del año pasado.

Según el Ministerio Público, Mora contrató a tres personas, por medio de Marchena, para acabar con la vida de Pablo Castro Barrantes, quien era comerciante en la zona de Matina, Limón.

Por otra parte, de acuerdo con la acusación, el 3 de diciembre del 2015, un grupo de hombres planeó la sustracción de dinero en efectivo y de una cantidad de cocaína, pertenecientes al imputado Rigoberto Tenorio Calvo.

"Ese día, Jiménez Gómez, llegó a la propiedad de Tenorio, ubicada en Palmitas de Cariari. Acto seguido, bajo amenazas con armas de fuego, los sujetos procedieron a sustraer la suma de 20 millones de colones, así como 10 kilogramos de cocaína, luego huyeron del sitio.

En razón de los hechos, Rigoberto Tenorio, en asocio con su hija Gercel Tenorio, contrataron a un grupo de sicarios, para la ejecución de la víctima Jimenez Gómez, quien habría sido partícipe del hurto en su contra. ​La evidencia aportada por el Ministerio Público permitió determinar que el homicidio se llevó a cabo por un pago de dos millones de colones", informó el órgano acusador.

 
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