21 mil personas quedarían sin protección por recortes a Oficina de Atención a Víctimas

Más de 21 mil usuarios que están bajo resguardo por figurar como afectados por delitos o participar en procesos penales quedarían desprotegidos debido a los recortes que plantea el Ministerio de Hacienda para el Poder Judicial el próximo año.

Según estimaciones de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público afronta el bloqueo de ₡317 millones del presupuesto destinado a atender a 13.406 personas en protección y 9.454 en atención.

Este servicio, que la Fiscalía brinda de forma gratuita y confidencial, corre riesgo debido a que, además del recorte, enfrenta el congelamiento de 115 plazas. Esto significa que la Oficina se quedaría sin una cantidad importante de funcionarios, dado que la pretensión del Gobierno es realizar estudios para determinar la necesidad de mantener cada una de esas plazas.

El bloqueo incluye ₡24,8 millones en gastos confidenciales del programa, utilizados debido a la naturaleza de la protección de personas en riesgo. Incluso, Hacienda planteó reducir en una cuarta parte los recursos destinados al alquiler de las oficinas de este programa.

Como escenarios de contingencia, tendrían que cerrar las oficinas de San Carlos, Liberia y Corredores, lo que dejaría a personas de zonas vulnerables en una situación de desprotección. Además, la falta de una oficina alternativa cercana podría trasladar costos y aumentar las distancias que deben recorrer los usuarios.

En total, el Poder Judicial afronta un recorte directo de ₡10.542 millones, al que se suma el congelamiento de ₡29.844 millones mediante trabas administrativas. Según la institución, estas medidas amenazan con paralizar la investigación criminal, congelar plazas operativas y frenar el mantenimiento de sedes judiciales en todo el país.