20 diputados denuncian a Chaves por atentar contra Estado de Derecho e institucionalidad
Este miércoles 16 de octubre, un grupo de 20 diputados denunciaron a Rodrigo Chaves ante el Ministerio Público.
Congresistas de cuatro fracciones políticas y dos diputadas independientes, presentaron ante el Ministerio Público una relación de hechos en la que presentan actuaciones del presidente de la República, por sus recientes declaraciones, las cuales según los denunciantes, no solo violentan la independencia de los Poderes del Estado, sino que podrían constituir una serie de delitos graves que atentan contra el Estado de Derecho y la institucionalidad del país.
Se trata de legisladores de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).
Cabe recordar que en una conferencia de prensa realizada el 25 de setiembre pasado, Chaves Robles, acompañado por sus ministros y diputados de su fracción, emitió una serie de afirmaciones que intentan socavar la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General y la Policía Judicial.
Para los legisladores denunciantes, las declaraciones realizadas, lejos de ser meras opiniones, suponen un acto directo de injerencia en las funciones judiciales y fiscales del país, violando principios fundamentales consagrados en la Constitución Política.
Durante su intervención, el mandatario lanzó acusaciones y juicios en contra de la Fiscalía y el Poder Judicial, tildando sus acciones de "abusivas", "intimidatorias" y con la intención de "amedrentar" al Gobierno de la República, tras el escándalo por el caso Barrenador, relacionado con presuntos actos irregulares en la contratación de servicios en los Ebais de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Entre sus declaraciones, el presidente afirmó sin fundamento que la Fiscalía había montado un "show" y que sus actuaciones respondían a intereses políticos, insinuando además que la justicia estaba "politizada".
De acuerdo con los firmantes, las manifestaciones del presidente podrían ser interpretadas, de acuerdo con el artículo 280 del Código Penal, como instigación pública, propaganda contra el orden constitucional y resistencia a la acción de las autoridades. Además, señalan que sus declaraciones, dirigidas a la opinión pública, sugieren la posibilidad de desestabilización social, lo que agrava aún más su responsabilidad.
El presidente no se limitó a atacar a la Fiscalía General, sino que también acusó a magistrados del Poder Judicial de presunta corrupción y tráfico de influencias.
Los diputados firmantes instan a las autoridades competentes a investigar estos hechos con la celeridad y el rigor que la situación amerita para determinar si las actuaciones y declaraciones del mandatario constituyen delitos que atenten contra la tranquilidad pública y el orden constitucional.