¿Qué proceso debe superar la propuesta de Trump de cobrar $103.265 por visas H-1B?

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• La Administración de Donald Trump propuso cobrar $103.265 por nuevas solicitudes de visas H-1B, un aumento que afectaría a las empresas estadounidenses que contratan trabajadores extranjeros especializados.
• El cobro todavía no es obligatorio. DHS debe justificar su autoridad legal, publicar formalmente la propuesta, recibir y revisar comentarios públicos y, si decide mantenerla, emitir una regla definitiva.
• Incluso después de su aprobación, la tarifa podría ser impugnada ante los tribunales federales, que deberán determinar si el Gobierno tenía autoridad para establecer un cobro de esa magnitud y si cumplió con el procedimiento requerido.

La Administración de Donald Trump propuso cobrar $103.265 por nuevas solicitudes de visas H-1B, una medida que elevaría de forma considerable el costo para las empresas estadounidenses que contratan trabajadores extranjeros especializados.

Pero el anuncio no significa que las empresas ya deban pagar ese monto. Antes de convertirse en un cobro obligatorio, la Administración debe completar un proceso administrativo y justificar que cuenta con autoridad legal para establecer una tarifa de esa magnitud. Además, una vez aprobada, la medida podría ser impugnada ante los tribunales federales.

¿Qué es la visa H-1B?

La H-1B es una visa temporal de no inmigrante que permite a empresas y otras organizaciones estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para puestos que requieren conocimientos especializados.

El programa se utiliza principalmente para contratar profesionales en áreas como tecnología, ingeniería, ciencias, medicina y otros campos especializados. Por regla general, el puesto requiere un título universitario o una preparación equivalente relacionada con el trabajo.

La H-1B también depende del empleador: es la empresa estadounidense la que inicia la solicitud ante las autoridades migratorias.

El programa tiene un límite general de 85.000 nuevas visas al año.

¿Por qué los $103.265 generan dudas?

La propuesta no plantea un aumento ordinario de una tarifa migratoria. La Administración busca establecer un cobro extraordinario de $103.265 para nuevas solicitudes H-1B.

Por eso, antes de exigir el pago, el Gobierno debe demostrar que tiene autoridad legal para establecerlo y seguir el procedimiento administrativo correspondiente.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

El proceso comienza con la publicación formal de una propuesta de regulación, conocida como Notice of Proposed Rulemaking.

En ese documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), debe explicar qué pretende cambiar, cuál es la autoridad legal que le permite hacerlo y las razones que justifican la nueva tarifa.

Una vez publicada la propuesta en el Registro Federal, se abre un periodo de comentarios públicos.

Durante ese plazo, empresas, universidades, trabajadores, asociaciones profesionales y otras organizaciones pueden presentar argumentos a favor o en contra de la medida.

Entre los aspectos que podrían cuestionarse están el monto de la tarifa, la forma en que fue calculada, su impacto económico y la autoridad de DHS para establecerla.

Al terminar el periodo de comentarios, DHS debe revisar las observaciones recibidas antes de tomar una decisión definitiva.

La agencia puede mantener, modificar o retirar la propuesta. Si decide continuar, debe publicar una regla definitiva en la que establezca las condiciones de la nueva tarifa y su fecha de entrada en vigor.

Solo después de completar estas etapas podría comenzar a aplicarse el nuevo cobro.

¿Puede Trump imponer una tarifa de ese tamaño?

Aunque el presidente tiene amplias facultades en materia migratoria, el programa H-1B está establecido y regulado por leyes aprobadas por el Congreso.

DHS tendría que justificar que esas leyes le permiten establecer una tarifa de $103.265 para determinadas solicitudes.

Uno de los posibles puntos de disputa sería determinar si ese monto constituye una tarifa administrativa relacionada con los servicios que presta el Gobierno o si, por su tamaño y naturaleza, representa un cobro que requiere otra autorización del Congreso.

¿Quién podría demandar?

Si la Administración publica una regla definitiva, empresas, organizaciones u otras partes afectadas podrían acudir a los tribunales federales para impugnarla.

Los jueces podrían analizar si DHS tenía autoridad legal para establecer la tarifa, si siguió correctamente el procedimiento administrativo y si justificó de manera suficiente la medida.

Una demanda también podría solicitar que la entrada en vigor del cobro quede suspendida mientras se resuelve el litigio.

Por eso, incluso si la regla definitiva se publica, la tarifa podría enfrentar una batalla judicial antes de quedar establecida de forma permanente.