Panamá investiga fraude de $40 millones en la Dirección General de Ingresos
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, en una foto de enero de 2026. AFP
El gobierno de Panamá reconoció este lunes graves irregularidades en la entidad encargada de recaudar los impuestos, tras revelarse un fraude de al menos $40 millones que involucra a varios funcionarios.
A inicios de julio, la operación Pandora puso al descubierto un robo continuo de saldos a favor de contribuyentes, conocidos como créditos fiscales, en la Dirección General de Ingresos (DGI).
Las autoridades detuvieron a 17 personas, incluidos abogados y varios empleados de la DGI que fueron destituidos y enfrentan cargos por crimen organizado, corrupción y blanqueo de capitales.
El gobierno detectó graves irregularidades en la DGI, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un video, al señalar que la defraudación comenzó hace muchos años, involucró a funcionarios y burló los controles del sistema informático.
El modelo tributario panameño permite que un contribuyente transfiera sus saldos a favor a un tercero, incluidos bancos, con descuentos. Ese dinero sirve para pagar impuestos.
Aunque las autoridades no entregaron detalles del ilícito, medios como el diario La Prensa aseguran que los funcionarios y sus cómplices eliminaban del sistema operaciones comerciales que habían generado el pago de impuestos.
Esos fondos eran convertidos luego en créditos fiscales para ser transferidos a intermediarios e incluso a bancos, que aseguran haberlos adquirido de buena fe.
Según los reportes de prensa, el monto del desfalco podría superar la estimación inicial de 40 millones de dólares.
El ministro Chapman anunció este lunes la suspensión del trámite de todos los créditos fiscales bajo sospecha y solicitó a la Contraloría una investigación para identificar las vulnerabilidades de la plataforma.
La imagen de Panamá resultó seriamente afectada en 2016 tras el escándalo internacional de los Panama Papers, una investigación que reveló cómo personalidades de todo el mundo utilizaron esta jurisdicción para la evasión fiscal. Desde entonces, el país impulsó reformas para salir de las listas de paraísos fiscales.