Orden de suspensión contra Petro no tiene validez, dicen ministros
Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. Archivo CRH/AFP
Tras la reciente resolución emitida por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, en la que ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por una presunta participación indebida en política, varios integrantes del Gobierno colombiano cuestionaron públicamente la legalidad de la medida.
La decisión generó reacciones inmediatas dentro del Ejecutivo, especialmente por parte de los ministros del Interior y de Justicia, quienes utilizaron sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con el alcance de la resolución y sostener que la Comisión de Acusaciones no tiene la facultad de suspender al mandatario de manera directa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión de Investigación y Acusaciones cumple una función de instrucción dentro del proceso y que, por lo tanto, carece de competencias para ordenar la suspensión del presidente de la República.
"En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como ente acusador, penal o disciplinariamente", escribió el funcionario.
Benedetti agregó que una eventual suspensión únicamente podría producirse tras un procedimiento que involucre a la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, al Senado, por lo que consideró improcedente que una sola representante adopte una decisión de esa naturaleza.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también cuestionó la resolución y explicó que el documento divulgado corresponde a una actuación de la representante investigadora y no a una decisión adoptada formalmente por la Comisión de Acusaciones.
Según indicó en su cuenta de X, cualquier proyecto elaborado por la representante investigadora debe ser sometido a consideración de la Comisión, la cual puede aprobarlo o rechazarlo. Además, recordó que, en caso de que el proceso avance, corresponde a la plenaria de la Cámara remitir el expediente al Senado, instancia que tendría la facultad de decidir sobre una eventual suspensión presidencial.
Las declaraciones de ambos ministros reflejan la posición del Gobierno frente a una resolución que ha generado un debate jurídico y político en Colombia sobre los alcances de las competencias de la Comisión de Investigación y Acusaciones y el procedimiento que debe seguirse en casos que involucren al jefe de Estado.
