Ministro de Justicia chileno defiende rebajas de condena por delitos sexuales
El presidente de Chile, José Antonio Kast (derecha), saluda a Fernando Rabat.
El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, justificó este viernes los beneficios penitenciarios concedidos a al menos 56 personas condenadas por delitos sexuales y aseguró que la ley obliga a otorgarlos.
El medio de investigación Interferencia informó el miércoles que el Gobierno del presidente José Antonio Kast redujo las condenas de 56 personas por abuso sexual y violación desde que asumió el poder en marzo.
Posteriormente, el medio El Mostrador informó que el Gobierno también benefició a dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de cuyo legado Kast es defensor.
"Existen normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata; nos corresponde dictar esas resoluciones", defendió el ministro Fernando Rabat en una entrevista con Radio Duna.
A raíz de la controversia, el Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena.
En un comunicado, la institución también informó sobre un proyecto destinado a impedir que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad sigan accediendo a esos beneficios.
La legislación contempla reducciones de condena por buena conducta una vez que las personas sentenciadas hayan cumplido la mitad de sus penas.
La oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso para abordar el escándalo e incluso planteó la posibilidad de impulsar un juicio político contra el ministro de Justicia.
Rabat ha estado en el centro de la polémica desde que el Gobierno asumió el poder en marzo. En 2004, el abogado defendió a Pinochet en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, que fue archivado tras la muerte del general.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado su gestión.
Esta semana, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley que impediría al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar querellas ante los tribunales.
Además, el Gobierno planea reducir el presupuesto para 2027 del Plan de Búsqueda, impulsado por el expresidente de izquierda Gabriel Boric en 2024, cuyo objetivo es esclarecer el destino de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura.