Corte Penal Internacional condena las sanciones de Trump en su contra

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó las sanciones que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en su contra.

El mandatario estadounidense firmó un decreto el jueves contra el alto tribunal internacional bajo acusaciones de realizar "acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel".

Esta decisión se tomó tras la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Washington D.C. Cabe mencionar que el tribunal emitió una orden de arresto contra él, así como el exministro de Defensa de Israel y a un líder de Hamás.

Tras el anuncio de Trump, la CPI publicó un comunicado defendiendo su labor:

"La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial".

"La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo (…) Hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Parte, la sociedad civil y todas las naciones del mundo a permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales".

El texto firmado por el republicano señala la prohibición de la entrada a los directivos, empleados y agentes de la CPI, así como sus familiares, a EE. UU.

Esta medida también aplica a cualquiera persona que ayudó en los trabajos de investigación del tribunal.

También prevé congelar las finanzas de todos los involucrados y sus familiares.

La decisión de Trump generó controversia a nivel mundial. El Consejo Europeo calificó el decreto como una "amenaza".

"Sancionar la CPI amenaza la independencia de la corte, y socava el conjunto del sistema de justicia internacional", dijo António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó las sanciones que Trump anunció contra la CPI.

Setenta y nueve países como Costa Rica, Eslovenia, Reino Unido, Francia, Chile, Panamá, México, Sudáfrica y otros firmaron un texto en el que advirtieron el aumento del riesgo de impunidad de los crímenes más graves.

Asimismo, afirmaron que podía amenazar con socavar el Estado de derecho.