Los destructores de Crucitas burlan el cerco de los tribunales
Delitos con bajas penas invitan a aceptar cargos y evitar sentarse en el banquillo de los acusados
(CRHoy.com) Crucitas albergó hasta 4 mil mineros y coligalleros ilegales en los momentos más álgidos de la minería ilegal en esa zona, ubicada en Cutris de San Carlos, durante 2017 y 2018.
Esa actividad ilegal hizo fiesta a tal punto que otras problemáticas como la venta de drogas, la prostitución también se posicionaron en la localidad.
Además de la migración irregular y los impactos sociales de esa actividad clandestina, las repercusiones ambientales derivadas del uso de químicos (como el mercurio) provocaron afectaciones negativas en el suelo.
Para frenar la problemática el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio Público y el Ministerio de Salud realizaron una serie de intervenciones (especialmente durante 2018 y 2019) dirigidas a contener el auge de la actividad minera.
¿Qué tan efectivas han sido las acciones para llevar a los infractores a los tribunales? Según datos estadísticos facilitados por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, entre 2017 y agosto de 2020, se abrieron 318 causas penales por distintos delitos relacionados con la actividad minera ilegal.
De esa cantidad, se registran 72 condenas, principalmente por delitos ligados a la extracción ilegal de material y tráfico ilícito de residuos (mercurio).
En esas sentencias condenatorias los infractores no acudieron a juicio. Optaron por someterse a procesos abreviados para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Así las cosas, aceptaron haber cometido los delitos y a cambio recibieron penas de prisión poco elevadas, cuyas condenas contemplaron la modalidad de la ejecución condicional de la pena (cumplir con disposiciones alternas a la prisión).
Los jueces pueden otorgar estos beneficios cuando la sanción de prisión prevista no exceda los 3 años y se trata de una persona que no haya cometido delitos previamente.
"Esas condenas, con rangos entre los 2 meses y el año y 4 meses respectivamente, según delito, se han establecido mediante procesos abreviados mediante los cuales los acusados aceptan los hechos y, sin necesidad de juicio, reciben una sentencia que es homologada por un juez o jueza", detalló la Fiscalía Adjunta de San Carlos, ante una consulta de prensa realizada por este medio.
El Código de Minería establece una pena de 3 meses a 5 años de cárcel a quien realice extracciones ilegales de materiales de ríos y zonas declaradas como de bien público.
Mientras, la Ley para la Gestión Integral de Residuos establece una pena de 2 a 15 años a aquella persona que "sin autorización exporte, importe, transporte, almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos. Incluso, a pena será de 6 meses a 3 años si estas conductas se realizan con otros tipos de residuos y sin autorización (como en el caso del mercurio).
Según la fiscalía, a este 7 de agosto mantenían activos 32 expedientes penales ligados a la problemática de la actividad minera.
Procesar a los imputados no es sencillo. Muchos son extranjeros que, pese a ser detenidos, posteriormente quedan en libertad y no dejan rastro tras regresar a su país de origen (Nicaragua).
Crisis agudizada
La clandestinidad de la minería en esa localidad de la Zona Norte evolucionó a distintos mecanismos. Por ejemplo, el material dejó de procesarse en territorio nacional y los mineros ilícitos optaron por trasladarlo hacia Nicaragua para culminar el proceso de obtención del oro en ese país. Además, las fuentes de agua se contaminaron con el mercurio usado para extraer el material.
Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, aseguró en junio pasado que la contención realizada en Crucitas a la actividad minera ilegal es "frágil" y requiere abordajes más profundos. Incluso, reconoció que la pandemia por el COVID-19 propició una reducción en el flujo de migrantes –provenientes de Nicaragua- que se dedican a esta actividad.
El abordaje promovido durante la gestión de Rodríguez, quien dejará su cargo a finales de agosto para asumir la dirección ejecutiva del Fondo Mundial para el Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) en Washington D.C., fue cuestionado ampliamente por diputados de oposición a tal punto llamaron a comparecer ante el plenario de la Asamblea Legislativa antes que deje el puesto.
Daños y millones
El 7 de marzo pasado CRHoy.com informó que entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operan en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones (más de ₡112 mil millones, según el tipo de cambio actual).
Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.
La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.
Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones (más de ₡2.2 mil millones, según el tipo de cambio actual) durante el período bajo análisis.
El Minae detectó que la minería ilegal afecta a 19 fincas –de 14 propietarios diferentes- circundantes a la finca principal (denominada Vivoyet, antes Finca Mina Crucitas) donde la empresa extranjería desarrollaría la iniciativa.
Los estudios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) adscrita al Minae estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.
En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.
En Crucitas la empresa canadiense Infinito Gold Mining procuró desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto. Entre 2001 y 2010 la compañía intentó desarrollar la iniciativa. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).
Tras esa situación Infinito Gold Mining entabló un arbitraje internacional contra Costa Rica en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En ese proceso, pendiente de resolución, la organización canadiense reclamó al gobierno tico el pago de $394 millones por no poder continuar con la iniciativa.