Industriales de alimentos enfilan armas contra proyecto proteccionista
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) acudirá este martes a la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa para argumentar que el proyecto de ley 20.076 –sobre "seguridad alimentaria y nutricional"- provoca un daño a la economía nacional y genera inseguridad jurídica en el sector.
Para la agrupación de empresarios la seguridad alimentaria debe partir de la garantía sobre la inocuidad en todas las etapas de producción, industrialización, comercialización y consumo (del campo a la mesa), garantizando a los ciudadanos una alimentación segura y nutritiva, elaborada con altos estándares sanitarios.
No obstante, el gremio asegura que el proyecto, expediente 20.076, lo que desarrolla es una estrategia para desmantelar el comercio libre de alimentos y encausar los sistemas alimentarios hacia una visión proteccionista vinculada al concepto de soberanía alimentaria.
A juicio de los empresarios agrupados en la Cámara, el proyecto de ley crea toda una estructura paralela, con los llamados "Comités Ciudadanos de Control" y los Sub Concejos Cantonales de Seguridad Alimentaria, a los cuales, el proyecto de ley delega una serie de funciones abstractas e indeterminadas, que deja abierta la posibilidad para que las agendas de grupos de activistas dicten el resultado de políticas públicas.
Por ejemplo, la posibilidad de prohibir la exportación de alimentos, ingredientes y materias primas, fundamentadas en un principio abstracto de "el mercado en armonía con la seguridad alimentaria y nutricional", como lo sugiere el artículo 51 del proyecto de ley.
Además, la industria señala que una política de intervención directa del comercio internacional y la propiedad privada, como el propuesto, a la fecha, los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios no han consultado el texto al Ministerio de Comercio Exterior, ni a la Procuraduría General de la República, siendo órganos pertinentes, cuyo criterio es imprescindible para dar claridad y orden a ideas como las propuestas.
Estas estructuras paralelas a las instituciones del Estado permitirían que asociaciones de activistas decidan, sin fundamento técnico ni científico, lo que van a producir los particulares, lo que va a vender el comercio y lo que van a comer los consumidores, violando el derecho de libertad personal y libre empresa consagrado en la Constitución Política.
"Este modelo socialista de sub concejos cantonales de seguridad alimentaria, donde las decisiones estarán en manos de particulares, bajo la denominación abstracta de ‘sociedad civil', tendría 82 modelos de organización y funcionamiento diferentes, pues cada uno dicta su propio reglamento, para ejercer influencia en las políticas sanitarias y fitosanitarias de un cantón, con lo que se genera una enorme inseguridad jurídica para cualquier productor o comerciante", señala un comunicado de Cacia.
La iniciativa no señala cómo se medirán los resultados ni tampoco cómo regularán las responsabilidades civiles o penales derivadas de la función pública, así como los conflictos de intereses propios de las agrupaciones que conformarán dichos órganos populares.
La opinión la comparte Randall Benavides, representante de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, quien considera que este proyecto es un retroceso en materia de comercialización.
"En un esquema proteccionista, se quiere proteger a un grupo de productores. Es un instrumento que el Gobierno no sabe manejar bien. Establece parámetros de comercialziación de los años 70, que ya fueron superados. El Estado no tiene porque comercializar, pero sí podría apostar por mejorar la infraestructura de las ferias del agricultor, por ejemplo", manifestó.
En manos inexpertas
El proyecto pretende además que las municipalidades realicen inspecciones de calidad e inocuidad alimentaria, así como evaluar la conformidad de los alimentos y constatar metrología.
"Estas acciones van a incidir sobre la estabilidad de los productores y se podrán ver afectados los procesos de abastecimiento, comercialización, calidad e inocuidad de los alimentos que consume la población de un cantón determinado, por lo que Cacia insiste en que la seguridad alimentaria debe ser un concepto técnico-científico, medible y aplicado por la institucionalidad del Estado, y no un concepto político o una construcción ideológica influenciada por realidades de otros países ni producto de actores sociales con agendas establecidas", indicó José Manuel Hernando, presidente de la agrupación.
El proyecto de ley también genera mandatos para que el Estado controle la publicidad y la comercialización de alimentos.
"Este tema se convierte en una amenaza real, en el momento que los comités cantonales o los comités ciudadanos de control pretendan arrogarse funciones que en la ley son tan amplias, que cualquier actividad industrial o comercial puede ser intervenida en aras del concepto amplio y abstracto de seguridad alimentaria. Por ejemplo, la representación de intereses colectivos y difusos en aras de la buena alimentación, haciendo uso de los recursos legales y procesales que estimen necesarios", indicó Hernando.