Gravedad de daño ambiental en Crucitas será revelado en marzo
Análisis determinará impacto ambiental en zona aquejada por minería
Uno de los túneles detectados por la policía en enero anterior, aparentemente usado para extraer oro y minerales de manera ilegal. Archivo CRH/MSP
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) espera tener listo a mediados de marzo un informe que establezca el impacto ambiental de las actividades de minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos.
En los 2 últimos años esa zona, donde se pretendió desarrollar un proyecto minero a cargo de la compañía Industrias Infinito, ha sido invadida reiteradamente por oreros y coligalleros que procuran extraer grandes cantidades de oro mediante el uso de químicos (como el mercurio).
El análisis fue solicitado por el ministro Carlos Manuel Rodríguez a principios de enero, justo cuando se destapó una serie de discrepancias entre lo expuesto por el jerarca y una serie de informes expuestos por la bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN).
Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, compartió ante el plenario -el 18 de diciembre del año pasado- un informe elaborado por expertos de la Universidad Nacional (UNA) sobre la contaminación de mercurio (utilizado en actividades de minería ilegal) en las fuentes de agua de Crucitas y acusó al Minae de "ocultar la realidad de lo que ocurre".
En una línea similar, el 7 de enero la fracción liberacionista circuló un informe independiente en el que se propone derogar la ley que declara a Costa Rica como un país libre de minería metálica a cielo abierto para dar paso a una "industria minera responsable" con una ley de una "estructura altamente técnica".
Las pugnas también se enfocaron en las cifras económicas de la cantidad de oro extraído por los oreros y coligalleros en los últimos meses.
En principio, el jerarca Rodríguez indicó que el monto económico estimado del oro extraído en 2017 -producto de la minería ilegal- ascendía al $1.5 millones. No obstante, tras señalamientos de la fracción del PLN, aceptó que esa cifra era superior: cercana a los $190 millones.
"Estamos haciendo un reporte uniforme del impacto ambiental de las actividades ilegales de extracción de oro en Crucitas. Hemos tenido que conformar un equipo multidisciplinario, a la vez que también hemos iniciado el trabajo de apoyo y coordinación con el Ministerio de Salud, que le corresponde la parte de contaminación y lo del mercurio", explicó el ministro.
Según Rodríguez, "para mediados de marzo esperan tener el informe inicial". De hecho, reveló que los encargados "pidieron más apoyo en término de recurso y horas hombre" para profundizar en 2 áreas que tienen que terminarse.
Desde 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión entregada a la compañía Infinito Gold Mining en 2008 tras polémicas sociales y reclamos de ambientalistas.
La finca minera donde se intentó fallidamente establecer el proyecto liderado por la compañía canadiense Infinito Gold Mining, hoy denominada como finca Vivoyet, no es el único punto asediado por los mineros y coligalleros.
Ese lugar, un territorio de unas 800 hectáreas y conocido como 'finca mina Crucitas', ha estado en el ojo recurrente de los infractores que buscan engordar sus bolsillos a través de contaminación y destrucción.
El Minae y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) estiman que en el punto más álgido de la minería clandestina hubo hasta 4.500 ingresando constantemente al punto (en su mayoría nicaragüenses).