Gobierno quiere otorgar contrato exclusivo al BCIE para construir Ciudad Gobierno
La presidenta Laura Fernández presentó un proyecto de ley para autorizar a Hacienda a contratar directamente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir Ciudad Gobierno, mediante un modelo de arrendamiento de bienes.
La iniciativa forma parte de los ocho proyectos de ley anunciados durante su informe de los primeros 100 días de Gobierno.
Ya durante la administración de Rodrigo Chaves, cuando Fernández era ministra de Planificación, ambos impulsaron la construcción de Ciudad Gobierno mediante un contrato de arrendamiento con el BCIE por $450 millones. Este modelo se frenó debido a que se pretendía desarrollar sin un proceso de licitación pública.
La mandataria presentó la iniciativa pese a que ya existe otro proyecto en la corriente legislativa para desarrollar Ciudad Gobierno, que se encuentra en discusión entre las distintas fracciones para incorporar modificaciones.
¿Cómo funcionaría el contrato?
La propuesta declara de interés público a Ciudad Gobierno y establece que será una prioridad para la Administración Pública.
Para coordinar el proyecto se crearía una comisión integrada por los jerarcas de los ministerios de Planificación, Obras Públicas y Transportes, Hacienda y Vivienda. Esta instancia definiría las instituciones que participarían, determinaría sus necesidades y elaboraría la propuesta conceptual.
El Consejo de Gobierno tendría que aprobar la propuesta. Una vez avalada, el Ministerio de Hacienda estaría encargado de ejecutar la contratación.
El BCIE asumiría el diseño y construcción de las instalaciones, mientras que el Estado las utilizaría mediante un contrato de arrendamiento.
El contrato tendría un plazo inicial de hasta 30 años, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar un máximo de 50 años. Hacienda deberá realizar un avalúo para determinar la razonabilidad del precio.
Uso de terrenos públicos
El proyecto también permitiría que instituciones públicas otorguen al BCIE un derecho de uso sobre terrenos públicos para construir Ciudad Gobierno.
Ese derecho podría otorgarse por hasta 50 años, pero, según el texto, no implicaría el traspaso de la propiedad de los terrenos al BCIE ni a terceros.
¿Qué pasaría con las licitaciones?
La propuesta establece que las contrataciones que realice el BCIE para el diseño y construcción de las obras deberán someterse a licitaciones abiertas bajo las políticas y normas de adquisiciones del banco, con el objetivo de garantizar igualdad, libre concurrencia y transparencia.
Además, los aspectos del proyecto que estén a cargo de las instituciones públicas permanecerían sujetos a las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
El contrato de arrendamiento también estaría sujeto al refrendo del órgano contralor, cuando corresponda.
Cuestionamientos a proyectos
Diputados de oposición cuestionaron que la Administración Fernández presente una iniciativa que consideran similar a proyectos que ya se encuentran en la corriente legislativa.
También señalaron posibles problemas de redacción y eventuales roces constitucionales en las propuestas presentadas por el Ejecutivo.
Al no tratarse de una reforma constitucional, en principio, el proyecto requeriría de 29 votos para su aprobación.
Al incluir un eventual endeudamiento, como lo señaló la Sala IV en el proyecto similar y la Ley Jaguar, el texto requeriría una mayoría calificada de 38 votos en el Congreso para su aprobación.