El co-pago en la CCSS: Un nefasto modelo para la exclusión social
Un sistema de salud pública es un elemento diferenciador social entre los países con políticas públicas orientadas hacia el bien común o aquellos donde existen vergonzosas brechas entre los sectores más acaudalados y los quintiles de menores ingresos cuyas tasas de mortalidad son superiores en comparación.
En nuestro caso, la reciente campaña orquestada por Rodrigo Chaves Robles y la abogada María Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para convencer a la ciudadanía que la institución está próxima a la quiebra financiera, fue la antesala para la presentación pública de un modelo de salud pública donde prive el co-pago para resolver la supuesta crisis y eliminar las eternas listas de espera.
Los anuncios disparatados, sin fundamento financiero o técnico, y más cercanos a la promoción de un circo mal organizado, sobre la quiebra técnica de la CCSS, ha sido la justificación para no dar el banderazo de partida para infraestructura hospitalaria urgente en Cartago y zonas costeras y rurales, una táctica más del gobierno de Chaves Robles por destruir los resabios de nuestra Seguridad Social.
Los decires de la abogada Esquivel Rodríguez sobre esa quiebra institucional han perseguido crear el pánico previo para la destrucción de nuestro sistema de salud público y así dar paso a un modelo aplicado en otras naciones con lamentables consecuencias. La idea del co-pago no es mejorar o subsanar los entuertos que durante años le han ido agregando a la CCSS, la que al final quedaría como una tortuga bocarriba para aplicarle la estocada final.
Ni a Robles, y menos a la jurista Esquivel, le interesa resolver las listas de espera, y más bien el co-pago se une a esa "fumigación" institucional planificada desde la presidencia ejecutiva de especialistas de alto perfil internacional que atendían en los hospitales nacionales, y menos le interesa atender los miles de casos de mujeres en espera de sus mamografías. La meta era, como lo explicó recientemente la neófita en temas de salud pública, incentivar el co-pago donde los asegurados, en su inmensa mayoría trabajadores dependientes de un salario mínimo, aporten una parte y la CCSS otro porcentaje. Ahora, luego de anuncios apocalípticos sobre el futuro de la CCSS, las arcas como presagio de milagro navideño estarán llenas para repartir entre hospitales y centros de salud privados, en el cualquier mínimo procedimiento es cobrado en dólares, o dicho en términos populacheros al estilo Chaves, cobrando clavos de oro por tachuelas de plástico.
Claramente Esquivel llegó con un mandato, no resolver definitivamente los problemas que durante los últimos años han señalado los asegurados, más bien se sigue negando a construir la infraestructura hospitalaria, proveer de insumos médicos y diseñar una estrategia de retorno de los especialistas que durante 15 o más años se prepararon para atender a la población.
La idea de Chaves y Esquivel, como muchas otras propuestas marcadas por la improvisación, no ha definido de dónde se tomaría el presupuesto multimillonario que la sustenta, pero al parecer la paralización de obras les permitiría acumular una jugosa "buchaca", nada despreciable para el empresariado. Y es comprensible que la empresa privada se orienta al lucro, ese es su fin último, pero le corresponde al Estado velar por el bienestar de la ciudadanía en primer lugar, haciendo las inversiones necesarias y devolver a la clase trabajadora sus aportes en obras y especialistas de primer mundo.
Dos tipos de ciudadanos
Sin duda el co-pago crearía dos Costa Ricas: aquella que podría costear servicios privados de salud, muchas veces con sacrificios familiares, incluso recurriendo a préstamos bancarios o mediante prestamistas informales; y por otro lado un gran porcentaje de personas que seguirán en lista de espera ante la imposibilidad de destinar parte de sus escuálidos ingresos para este fin, y las historias de quienes han fallecido esperando un procedimiento urgente se cuentan en todas las provincias.
Al parecer, tras bambalinas se cocina otra transferencia multimillonaria de recursos públicos al sector privado, modelo similar al aplicado en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), cuyos adjudicaciones al margen de toda normativa sobre contratación pública son una muestra más del estilo empresarial de Chaves Robles, quien considera el Estado como su pulpería familiar, con cuyos recursos ordena recortar, quitar o repartir a su antojo, y en otros utilizarlos como instrumento de persecución política.
En el anuncio, la abogada Esquivel no mostró ni ápice de compasión o un gramo de solidaridad social con los miles de adultos mayores, mujeres con lesiones cancerosas en sus mamas o úteros y menos por las familias que prácticamente deben hacer campañas públicas para recaudar limosnas en medios de comunicación para llevar a sus hijos e hijas a operar en otras naciones; esa no es la Costa Rica solidaria que quisieron heredar los Constituyentes de la Segunda República.
Y mientras la ciencia médica avanza a pasos agigantados, la salud pública costarricense está a punto de colapsar, llegando a un estado de situación similar al retroceso en infraestructura vial o educativo, ya no estaremos solo ante un apagón educativo o paralización de la producción ante la carencia de vías, seremos testigos de muertes de ciudadanos que pudieron evitarse con la inversión social oportuna, aquella que en el pasado permitió colocar al país con una de las poblaciones más longevas y sanas del mundo. Estamos ante un plan que colocaría a Costa Rica en aquel país previo a la creación de la CCSS donde la calidad de vida de la clase trabajadora no era un asunto de interés del Estado.
Sin duda, el anuncio de Esquivel con el aplauso de Chaves Robles en medio de la parafernalia circense acostumbrada, solo es una muestra más que la gestión presidencial cada día se parece más a una pulpería mal administrada, porque hasta la señora de Purral sabe que un negocito de barrio, así como una gran institución como la CCSS, necesitan renovación, ofrecer más y mejores servicios y estar al día con los avances tecnológicos.
Sin duda, el daño a la institucionalidad, al bienestar social, al prestigio internacional de la democracia y las libertades de prensa e información están comprometiendo peligrosamente el futuro del país, y para cuando hagamos el recuento de los daños los desafíos se habrán multiplicado; mientras al unísono la brecha social entre los más ricos y los más pobres nos colocarán al final de las naciones con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza producida en los siguientes años.
Periodista con 30 años de experiencia en la cobertura de temas culturales, políticos, ambientales y género