Sectores reclaman a Gobierno por ambigüedad sobre Uber
Organizaciones insisten en que se ponga al usuario y consumidor en el centro de análisis

El presidente Alvarado evitó tomar una posición contundente. Ayer se refirió al tema tras un acto junto al Icoder. (CRH)
Asociaciones de consumidores, empresarios y políticos cuestionaron al Gobierno del presidente Carlos Alvarado, por no haber tomado un posición definitiva o al menos contundente en relación con la operación de las plataformas de transporte, en específico la de Uber.
El miércoles, tras 2 días de manifestaciones y bloqueos por parte de agrupaciones de taxistas, el Gobierno firmó 10 acuerdos en los que se comprometió a ejercer mayores restricciones a la operación de las plataformas como Uber, inclusive facilitará reuniones y gestiones con otros órganos e instituciones del Estado.
En contraposición los taxistas solamente asumieron el compromiso de no realizar más bloqueos a las vías, algo que de por sí se trata de un delito.
Un día después, el miércoles, el Presidente Alvarado dijo que no habría "una persecución" contra los taxistas, pero afirmó que se tendría que hacer valer la ley vigente, según la interpretación que da el Poder Ejecutivo.
"En acatamiento a lo que establece la legislación nacional en materia de transporte público, se intensificarán los controles sobre los servicios de transporte que operan fuera de las regulaciones", indica el punto número 8 del pacto con los taxistas, mismo que dirigió el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza.
A esto se sumó un cuestionamiento de los taxistas sobre la operación del centro de servicios compartidos de la empresa Uber, que opera en régimen de zona franca, pese a que esta actividad no está ligada al transporte de personas. Según lo pactado, habrá un análisis cuyos resultados deberá presentar el Ministerio de Comercio Exterior a más tardar el 3 de agosto próximo.
En contra de los tiempos

Rubén Vargas de la Unión de Taxistas, Juan Carlos Mendoza ministro de Comunicación, y Gilbert Ureña del Foro Nacional de Taxistas, anunciaron los puntos de acuerdo. (Imagen de Presidencia)
Tanto políticos como empresarios y usuarios de transporte manifiestan que la posición del Gobierno no va de acuerdo a los tiempos, al negar la regulación y formalización de una actividad de uso extendido y que genera miles de empleos.
"Es el usuario el que debe estar en el centro de la discusión, la solución de sus demandas de transporte eficiente y eficaz. La posición del Gobierno en los acuerdos alcanzados, se abstrae de la visión que la Primera Dama ha hecho manifiesta respecto de la coexistencia de sistemas de transporte que beneficien a los usuarios", señaló la Asociación Consumidores de Costa Rica.
El grupo reclamó porque en la mesa de diálogo entre Gobierno y taxistas no hubo ningún representante o voz de los usuarios. Según la Asociación debe avanzarse hacía una regulación de la actividad de inmediato en la Asamblea Legislativa.
El sector empresarial, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), también cree que es necesario formalizar y regular la actividad, pues soluciona el problema de transporte de las personas.
"Debemos vivir de realidades y una de esas realidades es que los costarricenses aprecian ese tipo de servicio, por lo que consideramos conveniente regular el servicio y que todos tengan las reglas claras así como las obligaciones", dijo Gonzalo Delgado, presidente de la agrupación.
"El país lo conforman muchos sectores y no se puede facilitar las cosas a solo un grupo. En eso debemos ser vehementes, además, de que se darían señales contradictorias estar en contra de la libertad de elección de la mayoría, sobre todo en una sociedad democrática como la nuestra", insistió el líder de la cúpula empresarial.
Avanzar hacia la regulación
Al menos 3 diputados ya han manifestado su voluntad de tramitar un proyecto que regularice la operación de Uber: Erick Rodríguez independiente; Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional y Enrique Sánchez del oficialista Partido Acción Ciudadana.
Los 2 primeros creen que el Ejecutivo da largas al asunto al transferir la responsabilidad a la Asamblea Legislativa y no tomar acciones desde el Ejecutivo.
Sánchez pretende revivir un proyecto del exdiputado Franklin Corella que plantea la regularización de las plataformas de transporte con aplicación electrónica.
"Representantes de diferentes plataformas digitales de transporte de pasajeros se hicieron presentes en las barras del Plenario y les reafirmé mi compromiso de ajustar las regulaciones a las nuevas realidades. La Asamblea es la que tiene la responsabilidad de dar esta discusión", anotó Sánchez por medio de su perfil en la red social Twitter.
Uber sigue en espera
Al presidente Carlos Alvarado se le reclama que haya cambiado su posición. Durante la campaña presidencial afirmó que "los nuevos tiempos generan nuevas plataformas" como Uber y lo ideal era regularlas.
La vocera de Uber, Martha Castro, dijo que seguirán insistiendo en buscar vías de diálogo con el Gobierno en pro de una regulación que permita la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país.
"Somos promotores de espacios de convivencia donde los ciudadanos tengan la libre elección de escoger cómo quieren movilizarse", aseguró.
La propia empresa está dispuesta a ser regulada para continuar su operación.
