Se acrecienta preocupación por escasez de mano de obra migrante

(CRHoy.com).- La Asociación Consumidores de Costa Rica comunicó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que se acrecienta preocupación por la escasez de mano de obra migrante que participará en las cosechas de diversos productos agrícolas, debido al cierre de fronteras terrestres por la pandemia.

En un oficio con fecha del 5 de agosto, el presidente de la Asociación, Erick Ulate, le manifestó al ministro del MAG, Renato Alvarado, que la preocupación de los representantes de los consumidores es mayor desde que se les informó, a finales de julio, que solo se habían llenado 9.220 formularios de personas que desean laborar en el levantamiento de las cosechas costarricenses.

Según Ulate, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) cifró en 70.000 la cantidad necesaria de trabajadores para satisfacer la demanda de mano de obra en el sector agrícola, una labor que tradicionalmente han hecho los migrantes.

El presidente de Consumidores de Costa Rica manifestó al jerarca del MAG que las cifras revelan que el mecanismo que definió el Gobierno para permitir que extranjeros en situación migratoria irregular participen en las cosechas es "insuficiente, inefectivo y lento".

"El Decreto Ejecutivo No. 42406-MAG-MGP, en el que se establecen las condiciones para regularizar las personas migrantes con arraigo en el país que puedan o logren demostrar su ingreso legal entre 2016 y 2020, es también insuficiente para resolver el problema que los consumidores enfrentaremos cuando eventual y presuntamente las cosechas se pierdan por falta de mano de obra, aumentando los graves problemas por los que ya de por sí atraviesa nuestra economía", lamentó Ulate en su carta a Alvarado.

En ese panorama, el vocero de Consumidores de Costa Rica reiteró al ministro de Agricultura la petición de la Asociación de que el Gobierno analice cambiar las medidas migratorias que rigen en las fronteras terrestres, para que permita la reactivación del transporte público internacional, con el objetivo de que extranjeros que se dedican a la recolección de cosechas puedan reingresar al país legalmente, bajo estrictos controles sanitarios.

Así, según Consumidores de Costa Rica, el país podría contar con la mano de obra necesaria para esa actividad vital y se garantizaría una reducción del riesgo de nuevos brotes del COVID-19 al aplicarse los controles necesarios en las fronteras a las personas que se desplazan hacia y desde Costa Rica.

Gobierno dice "no"

La propuesta, sin embargo, no ha sido bien recibida por el Poder Ejecutivo. En su oficio del 29 de julio a Consumidores de Costa Rica, Renato Alvarado contestó que el gobierno de Carlos Alvarado no pretende flexibilizar las medidas de cierre de fronteras terrestres para permitir el paso de migrantes que laboran en la recolección de productos agrícolas.

"No se tiene previsto para este año y mientras se sostenga la situación actual (de emergencia sanitaria), el permitir la entrada de migrantes de ninguna nacionalidad para labores agrícolas, ya que representa un alto riesgo para nuestro sistema sanitario y la forma en cómo Costa Rica ha venido administrando los efectos de la pandemia", respondió el ministro de Agricultura a la solicitud de Consumidores de Costa Rica.

En su respuesta, Renato Alvarado detalló a la Asociación que de los 9.220 formularios que se ingresaron a través de la plataforma que creó el Gobierno para inscribir a personas interesadas en participar en las cosechas, 8.108 personas son nacionales y 1.112 son extranjeros.

Desde abril, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria alertó que la falta de mano de obra en el sector agrícola ponía en riesgo las cosechas de este 2020.

Los empresarios del sector recalcaron que los costarricenses, desde hace varias décadas, abandonaron las labores agrícolas para dedicarse a otras actividades, mano de obra que vinieron a sustituir los migrantes.

La Cámara criticó la falta de voluntad política de parte de las autoridades para flexibilizar las medidas migratorias que se impusieron desde el 16 de marzo, cuando se declaró la emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, entre ellas, el cierre de fronteras terrestres al ingreso y salida de personas de otras nacionalidades.

En aquel momento, la Cámara indicó que alrededor de 73.000 trabajadores migrantes temporales estaban en el país en condición migratoria irregular, lo que los exponía a una deportación.

Por esto, indicó el gremio, muchos patronos abogaron por la apertura de procesos fáciles para regularizar la situación de esos trabajadores, sin que el Poder Ejecutivo acogiera la sugerencia.

El vocero del sector agrícola, Óscar Arias Moreira, afirmó entonces que parte de los trabajadores que colaboran con las cosechas se desplazas por horas o días desde otros países y se les paga por trabajo realizado, lo cual, indicó, no calza con la regulación laboral aplicable a cualquier otro trabajador.