¿Qué es lo que proponía el Gobierno para negociar con el FMI?
Desde el 17 de setiembre, fecha de su presentación, múltiples sectores y actores políticos rechazaron la propuesta
El presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la ministra de Planificación, Pilar Garrido, de izquierda a derecha, presentaron el 17 de setiembre al país la propuesta al FMI. (Foto: Hacienda)
(CRHoy.com).- Los últimos cuatro días para el país han sido de una crispación social que llega a volúmenes peligrosos. Ese ambiente de agitación se genera en la decisión de un movimiento ciudadano, comandado por figuras que ocuparon cargos políticos en el pasado, de rechazar la propuesta que el Gobierno llevaría al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente Carlos Alvarado y su equipo económico planteaban la obtención de un servicio ampliado, o crédito con el FMI en condiciones de tasa más beneficiosas, por $1.750 millones, para que el Ministerio de Hacienda pudiese financiar parte del gasto público durante los próximos tres años, debido al fuerte impacto que la pandemia del COVID-19 provocó en los ingresos producto de la recaudación de impuestos.
Para optar por ese crédito, el Gobierno debía proponerle al Fondo una hoja de ruta para sanear sus enfermas finanzas. Fue en esa propuesta donde nacieron las protestas, pues el Poder Ejecutivo dio a conocer que se basaría en el aumento de la carga tributaria, lo cual impactaría a todas las familias y empresas del país en mayor o menor medida.
Recordemos en adelante cuáles son las acciones que propuso el Gobierno desde el 17 de setiembre y que hoy tienen al país al borde de una crisis social.
Aumento de la carga tributaria en ¢6,4 billones
En primer plano, la propuesta del Gobierno al ente financiero internacional presenta un aumento en los impuestos que le permitiría llevar al erario público ¢6,4 billones en total durante los próximos 4 años. Para lograr ese objetivo, el Poder Ejecutivo propuso aumentar los siguientes impuestos:
Impuesto temporal sobre la renta al salario, pensiones, utilidades y remesas al exterior. La idea del Gobierno es cobrarle un 2,5% adicional a los ingresos mayores a los ¢840.000 por concepto de salarios. La tasa sería de un 5% adicional sobre aquellos sueldos superiores a ¢1.233.000, y sería de un 10% adicional sobre las remuneraciones superiores a los ¢4.325.000.
En el caso de las utilidades, las personas físicas con actividad lucrativa que tengan una renta neta mayor a los ¢3.638.000 deberían pagar una tarifa adicional que iría desde 2,5 hasta 10 puntos porcentuales, dependiendo del tramo en el que se encuentren.
Las empresas, en tanto, sufrirán la aplicación de una tarifa adicional de 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta cuando tengan una renta bruta superior a ¢109.228.000.
Las personas jurídicas con ingresos brutos inferiores menores a ese monto deberán pagar, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta una tarifa adicional que irá en aumento y que será de entre 2,5 puntos porcentuales, en el primer tramo, hasta 10 puntos porcentuales adicionales en el último tramo. Así, el impuesto sobre la renta que pagan las empresas sería de hasta un 36% en caso de prosperar la propuesta.
El Gobierno también pretende cobrar un impuesto de un 5% a las remesas al exterior que salgan de rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
Impuesto sobre bienes inmuebles. Carlos Alvarado y su equipo económico también proponen un incremento sustancial en este tributo que cobran las municipalidades. Lo que pretende el Gobierno es incrementar el impuesto en 0,50 puntos porcentuales.
Actualmente, los dueños de estos bienes deben pagar trimestralmente a los gobiernos locales una tasa de 0,25% sobre el valor de la propiedad.
De concretarse la oferta del Gobierno al FMI la tasa subiría a un 0,75%. Mientras los ayuntamientos seguirían siendo los beneficiarios del o,25%, el restante 0,50% irá directamente a la Caja Única del Estado para nutrir los ingresos del Ministerio de Hacienda.
Mientras en la actualidad los propietarios de los bienes inmuebles pagan ¢2.500 por cada millón que valga el terreno o la casa, en el escenario que plantea el Gobierno el monto sería de ¢7.500.
Una casa o propiedad de ¢90 millones que hoy paga ¢225.000 del impuesto, tendría que tributar ¢675.000 por el mismo concepto.
Eliminación de exoneración del pago de renta. Casa Presidencial pretende que el Fondo Monetario Internacional le dé el visto bueno a sus necesidades financiamiento metiendo en su propuesta de ajustes internos el cobro de impuestos sobre rentan que hoy no pagan.
De prosperar la iniciativa, entonces, el Gobierno echará mano de las utilidades que generan las cooperativas, las rentas de capital, gravaría el salario escolar que reciben los funcionarios públicos y le cobraría el impuesto a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), a la Caja de ANDE y a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
El gobierno de Carlos Alvarado sufrió varios reveses durante el 2021. (Foto: Archivo CRH)
También se propone eliminar el crédito fiscal del impuesto sobre la renta que se otorga por la manutención familiar.
Renta Global. En este sistema tributario se suman todas las fuentes de ingresos que tiene cada contribuyente y se se le aplica el impuesto. Por ejemplo, si un asalariado tiene ingresos por rentas de alquileres se sumarán ambas fuentes y se le aplicará la tarifa respectiva del impuesto a partir del 2023.
Tasa Tobin o impuesto a transacciones financieras. Cada vez que usted o su empresa vayan a realizar un movimiento bancario debería de pagar un tributo con una tarifa de 0,3% los primeros dos años y una de 0,2% durante los siguientes dos años de duración de la medida.
En el primer escenario, si usted fuera a hacer una transacción de ¢10.000, tendría que pagarle a Hacienda ¢30, o ¢300 si el movimiento fuera de ¢100.000. Cuando la tasa se redujera a un 0,2% entonces pagaría ¢20 y ¢200, respectivamente, por transacciones iguales.
La administración Alvarado pretende financiar con ese impuesto la caída en la recaudación de cargas sociales producto de la desactivación de la economía el consecuente desempleo que aqueja el país.
Impuesto a los premios de lotería. El Gobierno pretende crear un tributo de un 25% sobre los premios que excedan el 50% del salario base.
Reducción del gasto público en ¢2,3 billones
Entre medidas de carácter transitorio y otras permanentes el Gobierno de Carlos Alvarado le quiere anunciar al FMI que logrará un recorte del gasto público de 2,3 billones de colones entre el 2021 y el 2024.
La principal apuesta del Gobierno en este ámbito es el cumplimiento de la regla fiscal. El mecanismo se creó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue el último plan fiscal que logró el Gobierno que se aprobara en diciembre del 2018.
La regla fiscal le pone un tope al crecimiento del gasto público en condiciones específicas de endeudamiento del Gobierno Central.
Durante la actual pandemia, el Gobierno decidió aplicar la cláusula de escape que contempla la ley, para así poder aumentar el gasto en aquellas instituciones públicas que han estado en la primera línea de batalla contra el COVID-19.
Empleo público. También propone la movilidad laboral voluntaria para el sector público; la reducción del financiamiento de los partidos políticos y la campañas, que pasaría de un 0,19% del producto interno bruto (PIB) a un 0,10%.
El Gobierno también intenta que se deje de acumular entre el 2021 y el 2024 el beneficio salarial o plus de la anualidad que se paga a los funcionarios públicos y propone la reestructuración de servicios de apoyo del Gobierno que brindan los órganos desconcentrados de los ministerios, decisión que ya tomó y que se empezará a aplicar a partir del 2021, al fusionar varios de esos entes con las carteras rectoras.
El fin de semana estuvo dominado por la violencia entre policías y manifestantes que bloquearon varias carreteras en protesta contra el Gobierno. (Foto: Archivo CRH)
Venta de activos. Casa Presidencial anunció que esta propuesta se enfocará en negociar la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) que es un banco off shore, y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) que operativiza el monopolio de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas que posee el Estado.
Carlos Alvarado anunció el miércoles pasado que su gobierno descarta vender también alguno de los bancos públicos, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o al Instituto Nacional de Seguros (INS).
Otras medidas. En la propuesta también hay un compendio de varias medidas entre las cuales destacan la eliminación de todas las cargas parafiscales que los bancos públicos trasladan diversas entidades del sector público.
Destaca también la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica a los 320.000 hogares más pobres a través del registro que maneja Sinirube.