Presentan recurso de amparo contra nueva ley de auditorías
Sala Constitucional. (CRH).
El auditor interno de la Municipalidad de San José y contador público autorizado, Israel Barrantes Sánchez, presentó junto al abogado Marvin Daniel Torres un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la nueva ley de auditorías.
Los recurrentes solicitan la suspensión inmediata de la aplicación de la denominada ley Fortalecimiento de las auditorías internas como medida cautelar y que se prevenga a las autoridades de aplicar la norma mientras se resuelve el fondo del asunto.
En el documento citan un oficio de la Contraloría General de la República (CGR), en el cual la entidad fiscalizadora manifestó preocupaciones técnicas sobre la ley y advirtió posibles afectaciones al Sistema de Control Interno.
Otra de las peticiones es que se reconozca la existencia de un vicio en el procedimiento legislativo.
Barrantes afirmó que la propia Asamblea Legislativa reconoció que existieron inconsistencias durante el trámite legislativo, incluida la aprobación de un texto distinto en segundo debate respecto del admitido en primer debate.
Entre ellas mencionó el reconocimiento de que la norma promulgada podría no reflejar adecuadamente la voluntad legislativa.
Barrantes explicó que, con esta ley, la auditoría interna pierde independencia y pasa a depender de lo que disponga el jerarca de la institución, lo que limita las posibilidades de control.
Citó como ejemplo el artículo 25, que establece que los funcionarios encargados de las auditorías serán evaluados por el jerarca.
"¿Cómo van a fiscalizar al jerarca que después los va a calificar?", cuestionó.
Asimismo, señaló que, si el jerarca percibe que el trabajo del auditor afecta el quehacer institucional o se realiza de manera inadecuada, puede denunciarlo ante la Contraloría, la cual podría abrirle un procedimiento.
Otro de los aspectos señalados corresponde a la modificación del artículo 52 del Código Municipal, que permitiría sustituir la auditoría interna por otros mecanismos alternativos, como la contratación de consultores externos o firmas privadas, lo que podría debilitar la vigilancia sobre los fondos públicos y la prevención de la corrupción y el fraude.
"El jerarca podría decir: 'No quiero tener una auditoría; voy a poner una oficina de control interno y listo'. Esta ley deja a la libre el sistema de fiscalización y el control sobre la Hacienda Pública. Por eso la Contraloría se opuso", agregó.
