Numerosas regulaciones encarecen costos operativos y financieros de bancos

Imagen con fines ilustrativos. (CRH).

Los bancos y las entidades financieras enfrentan mayores costos operativos y financieros debido a la aplicación de numerosas y complejas reformas regulatorias establecidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante la última década.

Así lo concluye el análisis "El sistema de intermediación financiera costarricense: evolución, desafíos y perspectivas", realizado por los economistas Daniel Ortiz y Luis Liberman.

El informe señala que, aunque el objetivo ha sido contar con un sistema más robusto y resiliente ante recesiones o crisis, la velocidad y frecuencia de los cambios normativos han aumentado, lo que eleva los obstáculos económicos, legales y operativos que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado.

"Para los intermediarios, el desafío no es solo entender la nueva normativa, sino implementarla y ajustar sus procesos operativos y estratégicos, algo que exige tiempo, recursos y una capacidad de adaptación continua", aseguran los investigadores.

Las entidades financieras se preparan en este momento para ajustar la metodología que utilizan para estimar el riesgo de crédito y de los deudores, según una nueva normativa que la Sugef les envió a consulta y que entraría a regir el próximo año.

Algunos ejemplos

Según el estudio, en materia normativa, la Superintendencia introdujo regulaciones cada vez más exigentes en términos patrimoniales y ajustó disposiciones previas para reforzar la estrategia de regulación y supervisión de todo el sistema financiero, además de incorporar parámetros de riesgo adicionales.

• Acuerdo sobre suficiencia patrimonial: desde 2014 ha sido objeto de múltiples reformas para consolidar un marco más sólido y alineado con los estándares internacionales. Ese año, mediante una resolución, se modificaron artículos clave y, entre 2017 y 2020, se incorporaron ajustes relacionados con el riesgo de mercado, las tasas de interés y el tipo de cambio, junto con disposiciones transitorias que permitieron implementar de forma gradual mayores exigencias de capital en un contexto económico complejo.
• Entre 2022 y 2023, se redefinió la condición de entidades de importancia sistémica y se actualizaron artículos sobre requerimientos patrimoniales. En conjunto, estas reformas apuntan a fortalecer la resiliencia del sistema financiero costarricense y acercarlo cada vez más a las mejores prácticas internacionales.
• La ampliación del enfoque de supervisión también se refleja en reglamentos como el de administración integral de riesgos y el de riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales muestran que la regulación dejó de enfocarse únicamente en el riesgo crediticio para abarcar de manera explícita los riesgos de mercado, liquidez, operacionales y reputacionales. Esta visión más integral refuerza la estabilidad del sistema al considerar la diversidad de vulnerabilidades a las que están expuestas las entidades.
• Las normativas sobre prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo responden a compromisos internacionales de Costa Rica con organismos multilaterales. En esa misma línea, se implementaron reglamentos que buscan fortalecer la transparencia, en particular en el uso de datos y en el acceso a la información crediticia.
• Las disposiciones más recientes relacionadas con planes de recuperación y resolución y con la calificación de entidades supervisadas incorporan un enfoque preventivo, orientado tanto a las entidades como a las autoridades, para que puedan anticiparse a eventuales crisis financieras, reducir riesgos sistémicos y actuar de manera oportuna antes de que los problemas de una sola entidad se conviertan en amenazas para la estabilidad del sistema en su conjunto.

Implicaciones

Además, se aprobaron reformas para fortalecer la calidad del gobierno corporativo dentro de las entidades supervisadas. La modernización de la gobernanza no se limita a cumplir requisitos formales, sino que busca asegurar que los órganos de dirección realmente ejerzan su rol estratégico para orientar el rumbo de la institución, supervisar la adecuada gestión de riesgos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Esto implica contar con consejos de administración que tengan visión técnica, capacidad de cuestionamiento y rendición de cuentas, así como con comités de apoyo especializados que aporten criterio independiente en materia de riesgos, auditoría, remuneraciones, estrategia y tecnologías de la información (TI).

Otro acuerdo introdujo un esquema único para Costa Rica al establecer los grados de normalidad en la suficiencia patrimonial.

El estudio señala que, si bien los grados de normalidad de la regulación costarricense pueden funcionar como una señal temprana de posibles debilidades patrimoniales, también generan distorsiones.

"En la práctica, esta normativa empuja a las entidades a operar con un ISP (índice de suficiencia patrimonial) muy por encima de lo que se considera razonable a nivel global. El resultado se traduce en que se encarece la intermediación, se reduce el espacio para expandir el crédito y se estrecha aún más la rentabilidad de un sistema financiero que ya opera bajo fuertes presiones", detallan Ortiz y Liberman.

Por otra parte, recientemente se introdujo un cambio en la normativa que obliga a las entidades financieras a constituir fondos de reserva más altos para cubrir eventuales pérdidas en sus carteras de crédito.

En la práctica, esto ha significado un aumento en las reservas que deben destinar los bancos, lo cual refuerza la solidez del sistema, pero, al mismo tiempo, reduce su rentabilidad al destinar más recursos a estimaciones en lugar de colocaciones.

Por otra parte, gran parte de la nueva normativa exige a las entidades financieras realizar inversiones considerables en infraestructura tecnológica, lo que pone en desventaja a los intermediarios más pequeños, que enfrentan dificultades para diluir los costos asociados.

Esto incluye la implementación de plataformas avanzadas y soluciones en ciberseguridad, manejo de datos y gestión de riesgos.

El cumplimiento de este esquema resulta especialmente costoso y complejo para los intermediarios de menor escala, que deben asumir estándares similares a los de las entidades grandes, pese a tener recursos mucho más limitados.

Adicionalmente, la preocupación por los riesgos cibernéticos se acentuó en la normativa reciente. Los ajustes normativos destacan la urgente necesidad de reforzar la seguridad informática tras un aumento de los ciberataques a entidades financieras.

Esto implica mayores inversiones en tecnologías de monitoreo, prevención del fraude, autenticación segura y canales digitales fiables.

A pesar de que el informe reconoce que la regulación financiera busca robustecer el sistema ante recesiones o crisis, los cambios ahora representan mayores costos para captar y prestar recursos para las entidades.