Más empresarios se suman contra Acuerdo de Escazú

Mario Montero, Cacia

(CRHoy.com) Los empresarios del sector alimenticio se unieron este jueves a las voces en contra del Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y su vigencia aplica a partir de este jueves en los países que ya lo suscribieron. Aunque fue firmado en territorio nacional, la Asamblea Legislativa aún no lo adopta.

Consiste en un acuerdo sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, para supuestamente garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Sin embargo los empresarios reclaman que va más allá de eso y afirman que más bien impone trabajas al trabajo del sector privado.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) envió una nota el miércoles a los diputados afirmando que el acuerdo constituye una amenaza generadora de consecuencias graves para la seguridad jurídica, la razonabilidad técnica y la proporcionalidad.

"Para los empresarios de la industria alimentaria, el Acuerdo de Escazú se convierte en una avalancha de incertidumbre en uno de los peores momentos de la historia reciente del país, cuyo efecto inmediato serán mayores riesgos, mayores costos y, por tanto, limitaciones para desarrollos generadores de empleos y bienestar social", dijo este jueves Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.

Entre otros puntos, Cacia reclama:

• Si la Asamblea Legislativa ratifica el Acuerdo de Escazú, se entregarían las decisiones de impacto sobre atracción de inversión y consecuente generación de empleos, a las manos de organizaciones no gubernamentales y movimientos de activistas los cuales gozarán de un estatus internacional denominado: "Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales".
• Cualquier simple denuncia basada en hipótesis de alteración al medioambiente, sin necesidad de respaldo técnico o científico, tendrá la legitimación necesaria para obstaculizar proyectos de desarrollo vinculados a sectores como construcción de carreteras, desarrollos agrícolas, pecuarios, urbanizaciones, puertos, colegios, instalaciones industriales, centros médicos, obras de infraestructura productiva y sistemas de comunicaciones, entre otros.
• Una actuación u omisión del Estado costarricense, que no satisfaga a un "Defensor de los Derechos Humanos en asuntos ambientales", puede convertirse en un litigio internacional donde los órganos jurisdiccionales del país carecen de competencia, siendo que el tema terminaría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros tribunales internacionales. 
• En caso de controversias, Costa Rica estará sujeta a una autoridad internacional, que decidirá sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo sobre nuestro país.

Estas también fueron parte de las preocupaciones externadas el miércoles por la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras, que por separado comunicaron su oposición a la iniciativa y exhortaron a los diputados a no aprobarla.

En el Congreso, diputados de algunas fracciones ya manifestaron su rechazo, entre ellos integrantes de la Unidad Social Cristiana.