Impulsan iniciativa de jubilados del Magisterio para castigar desvío de fondos públicos
Óscar Izquierdo, diputado del PLN, y Miguel Sobrado, presidente de AJA. (Cortesía).
Un proyecto de ley que busca sancionar el desvío de fondos públicos y de pensiones, impulsado por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), fue presentado este miércoles por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La propuesta plantea una reforma al artículo 363 del Código Penal para endurecer las sanciones por malversación de fondos.
En su redacción se establecen penas de entre 2 y 10 años de prisión, cuando el delito involucre recursos provenientes de fondos de pensiones o destinados a obras sociales o de infraestructura pública.
Asimismo, el proyecto introduce un elemento adicional que autoriza a organizaciones gremiales y comunales a ejercer supervisión y solicitar la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos asignados a sus sectores o comunidades.
La iniciativa fue anunciada en enero de este año con el respaldo de AJA, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), como parte de un esfuerzo por cerrar espacios de impunidad en el manejo de recursos públicos, y se mantenía a la espera del apoyo de un legislador para que ingresara formalmente a la corriente legislativa.
De acuerdo con AJA, el proyecto surge a partir de la experiencia histórica del Magisterio Nacional.
Desde la aprobación de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional se estableció la creación de un fondo financiado con aportes de trabajadores, patronos y el Estado.
Sin embargo, este fondo no se consolidó como correspondía y los recursos fueron utilizados para otros fines, lo que trasladó posteriormente el pago de las pensiones al Presupuesto Nacional mediante el Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
Esta situación ha impactado a más de 40.000 docentes que durante décadas realizaron aportes obligatorios, incluso mayores que los de los trabajadores del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con la expectativa de contar con un fondo propio.
«Detrás de cada fondo de pensiones hay historias de vida. Son décadas de trabajo de personas que recorrieron el país llevando educación a comunidades donde muchas veces no existían condiciones básicas. Cuando los recursos destinados a esos derechos se desvían, el daño no es solo económico; también afecta la dignidad y el bienestar de miles de familias», dijo Miguel Sobrado, presidente de AJA.
La organización sostiene que el endurecimiento de las penas busca responder a una problemática estructural y desincentivar el uso indebido de recursos públicos, especialmente aquellos vinculados a derechos fundamentales como la seguridad social.
Para AJA, el avance de la iniciativa hacia la corriente legislativa representa un paso relevante en el fortalecimiento del marco legal contra la corrupción y en la protección de los recursos destinados a fines sociales.