Gobiernos desatienden reiterados pedidos de Coprocom para liberar precios del arroz

(CRHoy.com) A pesas de los innumerables estudios y múltiples recomendaciones técnicas que existen para liberar el precio del arroz, los productores e industriales nacionales han gozado de un fuerte blindaje político que los ha mantenido exentos de enfrentar una competencia abierta en ese mercado durante años.

Desde 1997 hasta el año anterior la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) había emitido al menos ocho recomendaciones u opiniones relacionadas con el mercado del arroz, en todas ellas recomendando al gobierno liberar los precios, y derribar el muro arancelario que privilegia las compras de ese producto a pocas empresas.

A ello se suma el reciente comunicado emitido este 26 de agosto, donde realiza las mismas recomendaciones.

Sin embargo, aunque se trata de una organización estatal perteneciente al Ministerio de Economía (MEIC), pero con autonomía técnica, ni siquiera en el gobierno ni en el propio MEIC han querido escucharla.

Así se desprende de una recopilación histórica elaborada realizada por CRHoy, en donde se demuestran los múltiples llamados de ese organismo, que hasta ahora han sido desatendidos.

 

El ejemplo más reciente fue de hace tan solo una semana. Obviando todos los criterios técnicos emitidos por la Coprocom, la ministra de Economía Victoria Hernández, encabezó la firma de un acuerdo con Conarroz para mantener el blindaje en favor de los arroceros, blindaje que según demuestra la recopilación histórica parece ser también política, gobierno tras gobierno.

Conarroz fue creada durante en 2002 durante la administración Pacheco de la Espriella con la idea de transformar la antigua Oficina del Arroz, impulsar una mayor productividad  del grano en el país, generar estabilidad en los precios, y beneficiar al consumidor.

Pero nada de esto ha pasado de acuerdo con Prococom. De hecho, la productividad ha caído y actualmente es de cerca de la mitad que en otros países productores y el consumidor no se ha beneficiado de precios más bajos; por el contrario, la fijación impide que las empresas puedan ofrecer a menores costos.

El año pasado, con motivo de una opinión en torno a un proyecto de ley para reformar esa institución, la Coprocom fue clara en su análisis:

La Comisión para Promover la Competencia, en su oportunidad se había manifestado totalmente en contra del proyecto de ley que buscaba la creación de Conarroz, ya que consideraba que introducía serias distorsiones al proceso de competencia del mercado arrocero, y peligrosas intenciones de regular esta actividad económica mediante mecanismos contrarios a la legislación vigente en materia de competencia y que conllevaban un perjuicio grave hacia los consumidores.
Efectivamente, la realidad actual ha demostrado que sus temores eran fundados y que dicha norma no ha deparado en ningún beneficio para los consumidores, que enfrentan precios más altos que en un mercado en competencia de un producto básico en la mesa de los costarricenses. Adicionalmente, el Conarroz ha propiciado la existencia de regulaciones atípicas en el país contrarias a los intereses del consumidor, tal como la fijación de precios mínimos para todas las calidades del grano.

A mitad de semana tanto Hernández como el presidente Carlos Alvarado defendieron su reciente decisión de continuar con el blindaje gubernamental que ha venido favoreciendo a Conarroz todos estos años, bajo el argumento de que se deben proteger el empleo de los pequeños productores y "a los consumidores".

Sin embargo, Hernández confesó que debido a que el país solo produce el 35% de lo que consume y el resto se importa, ese producto traído de fuera del país ingresa en una canasta donde se mezclan ambos precios para dar un solo precio al consumidor final. Es decir, el consumidor termina pagando el sobrecosto que representa la baja productividad local y se le termina cargando a los consumidores, dado que el producto importado viene a mejor precio.

Este mejor precio importado, no lo reciben quienes consumen arroz. Así lo reseña la Coprocom:

El establecimiento de un precio mínimo asegura una ganancia a los industriales y comercializadores del grano ‐los productores no tienen ese beneficio‐ y dicha medida perjudica a los consumidores de un producto esencial en la canasta de los costarricenses especialmente a de los de menores ingresos. Además, el establecimiento de precios mínimos no fomenta la eficiencia en la producción industrial del bien, por cuanto las empresas no se ven obligadas a competir en precio para su producto, y a su vez, se entorpece que los beneficios del libre comercio y la entrada de contingentes a menor precio se trasladen a los consumidores, quedándose en manos de unos pocos importadores, incluidos los industriales del grano.

De acuerdo al esquema actual, toda venta que se realice en el país se hace a través de Conarroz. La entidad tiene tal poder que la ley la faculta – al igual que al Consejo Nacional de Producción- a definir la distribución de las importaciones entre los agroindustriales (adscritos a la Corporación) y para la comercialización se le dará prioridad a las plantas industrializadas ( adscritas a la Corporación), en propoción al grano que hayan adquirido de la producción nacional.

La legislación también privilegia al agroindustrial, por encima del productor, en materia de créditos.

Por ejemplo, se establece que el arroz en poder del agroindustrial y no pagado al productor, será inembargable por parte de los acreedores del beneficiario o del productor.