Gobierno propone quitar exoneraciones a instituciones y endurecer controles
Ministerio de Hacienda. (CRH).
El Gobierno propone eliminar exoneraciones fiscales vigentes, como las que benefician a instituciones públicas, y crear un nuevo régimen para controlarlas y sancionar su uso indebido.
El Poder Ejecutivo presentó este martes ante la Asamblea Legislativa el proyecto "Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario".
La iniciativa busca fortalecer el control del gasto tributario, es decir, los impuestos que el Estado deja de recaudar al otorgar exoneraciones, exenciones, rebajas de tarifas u otros tratos preferenciales a sectores específicos. También pretende ordenar esos beneficios en un marco normativo más simple.
La propuesta llega luego de una reforma aprobada en agosto de 2022 sobre esta misma materia.
Qué se eliminaría y qué se mantendría
La revisión abarca las exenciones de derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA), impuesto selectivo de consumo e impuesto sobre la propiedad de vehículos, tributos que concentran buena parte de los beneficios fiscales vigentes.
Entre los beneficios que se derogarían están los dirigidos a instituciones públicas. El proyecto justifica así esa decisión:
"La eliminación de estos tratamientos preferenciales permitirá recuperar recursos para la Hacienda Pública sin afectar significativamente los objetivos esenciales de desarrollo económico y protección social que justifican la existencia de otros incentivos tributarios".
Se mantendrían, en cambio, las exoneraciones para sectores con efectos positivos demostrados en la producción, el empleo, la competitividad y el bienestar. Entre ellas figuran la importación de maquinaria, equipos e insumos agropecuarios; los equipos médicos, ortopédicos y de apoyo para personas con discapacidad, y los medicamentos e insumos esenciales para la salud.
Nuevo modelo de control
El nuevo régimen abarcaría todos los beneficios fiscales que administra el Ministerio de Hacienda y cambiaría la distribución de funciones dentro de esa cartera.
La Dirección General de Tributación asumiría la administración operativa de los beneficios, su control y la aplicación de sanciones. La Dirección General de Hacienda, por su parte, se concentraría en el análisis técnico y la evaluación de la política fiscal.
El texto también regularía todo el ciclo de vida de los beneficios: otorgamiento, control, disfrute, traspaso, liberación, liquidación, revocación y eventual cobro de impuestos exigibles.
Además, daría a la Administración Tributaria herramientas de trazabilidad, medidas cautelares y facultades de fiscalización, sin menoscabo de las garantías de los beneficiarios.
Sobre la inclusión de esos impuestos en un mismo esquema, el documento señala:
"La incorporación de estos impuestos dentro de un esquema uniforme de revisión y control permitirá mejorar la identificación, medición y evaluación del gasto tributario asociado a cada incentivo, facilitando la determinación de su pertinencia, eficacia y costo fiscal para el Estado".
La propuesta se presentó junto con otro proyecto que cobraría un 15 % de impuesto sobre la renta a los residentes en Costa Rica por intereses, dividendos, alquileres y otras rentas pasivas generadas en el extranjero.