Experto: Al BCCR se le está dando poder para un “Estado vigilante”

(CRHoy.com) -Aunque pueda tener buenas intenciones, al Banco Central de Costa Rica (BCCR) se le está otorgando demasiado poder.

Así lo sostiene Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático, consultor y expositor internacional, luego de trascender que el BCCR, además de solicitar datos de los deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), tiene bases de datos con información de los costarricenses facilitadas por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Hay que tener mucho cuidado porque al BCCR se le está dando el poder informático necesario para construir un Estado vigilante orwelliano que busca el control totalitario del Estado sobre la vida de las personas. Aunque el BCCR pueda tener buenas intenciones, esto por sí solo no es suficiente para salvaguardar nuestro sistema democrático", comentó el experto.

Sostuvo que debido a la cantidad de información que el Banco Central está acumulando -tanto de manera legal como ilegal, y sin el respeto por los principios de protección de datos personales y el cumplimiento de la normativa vigente en la materia- se debe pensar sobre "cómo protegernos como sociedad de los abusos relacionados con la centralización de la información personal."

Medrano explicó que la Ley de Protección de Datos Personales costarricense (Ley №8968 ) cuenta con una importante salvaguarda que le impide a los responsables de las bases de datos ceder los datos de los titulares sin el consentimiento de las personas.

"Por tanto, un responsable de una base de datos no puede, sin el consentimiento del titular, concentrar información personal con la cual podría realizar perfiles, relaciones y tratamientos de distinta índole que podrían lesionar la intimidad de la persona de forma profunda", recordó.

El 23 de noviembre de 2022, el BCCR solicitó a la SUGEF tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación personal de cada deudor, que las entidades financieras reguladas le remiten a la Superintendencia para sus labores de supervisión.

La SUGEF se negó a entregar la información con base en un criterio legal que establece que tiene prohibición para entregar datos confidenciales de las operaciones de las entidades supervisadas a terceros.

A raíz de ello, el BCCR denunció a la jerarca de la SUGEF, Rocío Aguilar, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Este miércoles, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) suspendió el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central mediante el cual solicitó la entrega de la información a la SUGEF, tras acoger una solicitud de medidas cautelares planteada por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).