Empresarios fustigan a magistrados por defender privilegios

El sector empresarial costarricense se mostró contrariado por el criterio emitido este martes por la Corte Plena sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580), pues en opinión del sector privado lo que prevaleció fue la defensa de los privilegios de los magistrados.

"La decisión que nos anuncia la Corte Suprema de Justicia hoy es lamentable", dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

Según el empresario, los magistrados debieron excusarse de emitir criterio porque existía "un claro conflicto de interés", ya que el proyecto establece un tope al crecimiento de los salarios y de otros beneficios, poniendo orden en las finanzas públicas de todas las instituciones.

"Es penoso conocer que magistrados del Poder Judicial defiendan sus privilegios y no piensen en las consecuencias económicas y fiscales que enfrentaríamos los costarricenses", agregó Egloff.

Sin proyecto de ley, el déficit fiscal del año próximo será de casi un 8% del PIB, algo que preocupa a los empresarios pues el financiamiento del Gobierno provocaría que las tasas de interés aumenten y el colón se deprecie, lo que afecta a familias y personas con deudas.

El sector comercial también mostró disgusto con la decisión del Poder Judicial. Empero, el gremio espera que el proyecto sea aprobado en segundo debate.

"Instamos a los señores diputados a que responsablemente aprueben este proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada. Desde el sector consideramos que esta reforma es fundamental para evitar que el país caiga en una crisis de grandes proporciones, con especial impacto en el desempleo y en las clases menos favorecidas", dijo Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.

La representante de los comerciantes subrayó que la aprobación de este proyecto es un primer intento para combatir el grave problema fiscal por el que atraviesa el país. "Reiteramos en la necesidad de aprobar en el corto plazo, reformas que integren una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño de la estructura estatal", dijo.

Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) también se mostró contrariado con la decisión de la Corte.

"El proyecto de ley de reforma fiscal está nuevamente cayendo en total incertidumbre, debido a que quienes son parte de su cadena de validación, son juez y parte interesada. Es inadmisible que dicha postura se convierta en una coerción hacia la Asamblea Legislativa, que genere un debilitamiento de las propuestas de reducción del gasto público", dijo.

Este martes, los magistrados de la Corte respondieron a una consulta emitida por la Asamblea Legislativa el pasado 5 de octubre, tras aprobar el proyecto en primer debate (por la vía rápida y con 35 votos).

De 15 votos emitidos, 11 dijeron que la reforma sí afecta la organización del Poder Judicial y 4 dijeron que no. Con este criterio, la reforma necesitaría 38 votos para aprobarse.