Contraloría: Primer presupuesto extraordinario no favorece resultados fiscales

En el centro, Marta Acosta, contralora general de la República. (CRH).

El primer presupuesto extraordinario de la República 2024, propuesto por el Gobierno, no favorece los principales resultados fiscales.

Así lo sostuvo este miércoles la contralora general de la República, Marta Acosta, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano del Congreso que tramita el proyecto de ley bajo el expediente 24.151.

Según expuso, aunque la iniciativa de ley busca incorporar recursos para atender la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), su propuesta de gastos y financiamiento no favorece los principales resultados fiscales.

Esto, debido a que el aumento en los ingresos corrientes no es suficiente para atender el gasto que se pretende incorporar  y a pesar de que buena parte de ese gasto se financia con recursos de apoyo presupuestario, el cual usualmente es menos oneroso, la deuda del Gobierno continúa ubicándose por encima de su límite natural.

Acosta mencionó que de los ajustes propuestos se observa que ese presupuesto tendría efectos negativos en el resultado de cuenta corriente (-¢37.645 millones) y en el déficit financiero ( -¢39.246 millones).

También indicó que la sostenibilidad de la deuda continúa siendo un reto importante. El saldo de la deuda a 2023
era de ¢28.762 millones, una suma que equivale al 61,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, manifestó que el pago de los intereses de la deuda sigue ejerciendo presión en el presupuesto de la República, razón por la cual el Gobierno debe realizar mayor esfuerzo para la gestión del costo del financiamiento.

Acosta reiteró la necesidad de tomar decisiones sobre la deuda del Estado con la CCSS, con el fin de reducir la brecha creciente y realizar los registros que correspondan para dar continuidad y sostenibilidad a los servicios públicos, así como la necesidad de buscar una solución integral para el financiamiento del pago de dicha deuda.

"Pese a un mayor devengo a la CCSS en 2023, es imperativo buscar una solución integral al pago de la deuda con la CCSS", aseguró.

Al cierre de 2023, según expuso la jerarca de la Contraloría, se observa un crecimiento de 9,7%, es decir, ¢60.977 millones en el devengo de las transferencias destinadas a la CCSS.

"Si bien el proyecto de ley busca incorporar ¢65.035 millones al Título Regímenes de Pensiones, como parte de la deuda del Estado con la CCSS, este monto no logra cubrir la insuficiencia sistemática entre lo solicitado por la CCSS para 2024 y lo incluido en el presupuesto este año", amplió.

Explicó que en el proyecto de presupuesto se indicó que en 2024 se espera recibir $1.361 millones en préstamos de apoyo presupuestario, de los cuales el 10%, cerca de $136 millones, son para abonar a la Caja.

La contralora mencionó que, según la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la deuda total no conciliada del Estado con la CCSS aumentó en el último año aproximadamente 10 veces esa cantidad.

A noviembre de 2023, alcanzó un monto de $6.684 millones. Según la CCSS, el monto de la deuda alcanza a
diciembre de ese año, los ¢3,6 billones.